San Salvador, 9 may (EFE).- Víctimas y representantes de la organización de derechos humanos Tutela Legal 'María Julia Hernández' denunciaron este jueves la falta de asistencia por parte de instituciones del Estado a la población de una zona rural de El Salvador afectada por la contaminación con plomo por el funcionamiento de una fábrica de baterías por 12 años, hasta 2007.
El abogado Alejandro Díaz, de Tutela Legal y representante legal de las víctimas, señaló en una conferencia de prensa que la Fiscalía General "se niega a dar información" sobre el proceso legal contra las personas responsables de la fábrica y denunció falta de transparencia de la institución hacia las personas afectadas.
Dijo que "luego de tantos años de contaminación las correspondientes instituciones del Estado no han asistido a la población y a la zona debidamente, por lo que la contaminación en el lugar aún continúa".
"Hemos denunciado por décadas que en el lugar todavía hay escoria, que no se ha atendido a los afectados y que no se ha reparado el daño ambiental en la zona", subrayó.
Se trata de la localidad de San Juan Opico, a más de 39 kilómetros de distancia de San Salvador, donde en septiembre de 2007 y tras 12 años de funcionamiento se clausuró la fábrica de Baterías de El Salvador (BAES), conocida como baterías Récord.
El cierre se dio por la contaminación con plomo de varias comunidades aledañas, donde al menos 105 personas, entre ellas 63 niños, sufrieron problemas de salud por ello.
Ovidio Mauricio, también abogado de Tutela Legal, aseguró que el "Estado se ha desvinculado de sus obligaciones, no se ha remediado nada, la fábrica sigue ahí sin la protección debida y las toneladas de escorias de plomo continúan afectado a los habitantes cercanos a la fabrica".
Por su parte, Jorge Hernández, exempleado de la fábrica, lamentó el abandono de las instituciones y aseguró que "aún nos sentimos víctimas de la contaminación".
Indicó que aproximadamente son 411 los trabajadores afectados y sus familias.
Según han indicado en varias ocasiones los afectados, cuando se cerró la fábrica de Baterías de El Salvador quedaron abandonadas más de 33.000 toneladas de escoria y ceniza de plomo, que luego fueron vertidas hacia las comunidades del Sitio del Niño tras un incendio registrado en agosto de 2020.
Además, han señalado que hay más de 50.000 toneladas de otros materiales tóxicos, como selenio, arsénico, ácido sulfúrico y dióxido de plomo.
Por dicha contaminación, los ingenieros Hugo Trujillo, Arturo Marenco y José Brito fueron procesados por presuntos delitos de contaminación agravada y omisión por comisión.
Sin embargo, en junio de 2011 un tribunal de Sentencia declaró nulo, por un tecnicismo, el proceso contra los tres ingenieros.
Mientras, los directivos de la empresa, José Ofilio Gurdián, Ronald Antonio Lacayo y Sandra Lacayo de Escapini, prófugos de la Justicia, fueron declarados rebeldes por no presentarse a la diligencia.
En noviembre de 2023 se conoció que Gurdián -colombiano- fue capturado por la autoridades de su país pero ni la Policía ni la Fiscalía salvadoreña han brindado alguna información al respecto.
En agosto de 2010, el Ministerio de Medio Ambiente decretó emergencia ambiental en la zona alrededor de la fábrica de baterías, donde se encuentran cerca de 700 viviendas y una población calculada en unos 4.000 habitantes.
En repetidas ocasiones, los lugareños han denunciado que la contaminación ocasionada por la fábrica afectó un radio de ocho kilómetros, por lo que la población afectada podría ascender a unas 35.000 personas. EFE
sa/rao/cpy
