Miami, 18 abr (EFE).- La Fiscalía de la Nación de Perú se ha convertido en "el principal ente de agresión en contra de periodistas y medios de comunicación" en el país andino, denunció este viernes la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en su informe de medio año sobre la situación de la libertad de prensa en el continente.
"En este período resulta alarmante el papel preponderante que ha cobrado la Fiscalía de la Nación, el principal ente de agresión en contra de periodistas y medios de comunicación", sostuvo el organismo al referirse a la situación en Perú.
Detalló que estas agresiones "incluyen el espionaje, la infiltración, la exigencia de revelación de fuentes, el hostigamiento y el impedimento de cobertura de hechos de interés público".
Remarcó que, por ese motivo, "en el último año, el Ministerio Público desplazó al Congreso, a la Policía Nacional del Perú y al Poder Ejecutivo como instituciones agresoras".
La SIP precisó que "esta tendencia agresiva de la Fiscalía viene en aumento desde la gestión de la fiscal de la nación (general), Patricia Benavides", quien fue suspendida en diciembre pasado por la Junta Nacional de Justicia (JNE), el máximo ente de la Judicatura, que actualmente evalúa su destitución definitiva del cargo.
El organismo denunció, por otra parte, que "en el Congreso persiste el afán de ampliar la pena de cárcel por difamación", mediante proyectos presentados por legisladores de diferentes bancadas.
Al mencionar otros casos, indicó que en noviembre pasado la Comisión de Justicia del Congreso aprobó un proyecto de ley que podría criminalizar la difusión de procesos de colaboración con la Justicia, y que en marzo el congresista Luis Cordero, quien ha sido acusado de presuntos actos de corrupción, presentó un proyecto de ley que penaliza la difusión de información de colaboración.
La SIP destacó que en el semestre evaluado "no se detectaron casos graves de agresión por parte del Poder Ejecutivo" hacia la prensa, pero mencionó que "persiste su control sobre el Instituto Nacional de Radio y Televisión".
También recordó que la presidenta Dina Boluarte criticó durante este mes a la prensa por denunciar que usaba relojes Rolex y joyería de alto valor que no consignó en sus declaraciones juradas y que "sugirió que la cobertura mediática podría deberse a sexismo o discriminación".
La SIP mencionó, además, el impedimento de acceso a la prensa a una audiencia virtual de apelación a la suspensión del fiscal Rafael Vela, quien coordina la investigación del caso Lava Jato en Perú, y que, en enero pasado, un fiscal estableció el espionaje y la videovigilancia de los periodistas César Romero y Juan Carlos Tafur.
Mencionó que, además, "se registró un incremento de casos de agresión contra periodistas por parte de funcionarios municipales de distintas ciudades del país" y que la Policía Nacional del Perú (PNP) amenazó al diario La República con acciones legales luego de publicara una viñeta del caricaturista Carlos Tovar (Carlín), que consideró que afectaba su imagen institucional.
Además, el partido político Fuerza Popular, que lidera Keiko Fujimori, denunció penalmente al periodista Gustavo Gorriti, director del portal IDL-Reporteros, junto con otros personajes, por presuntamente integrar una organización criminal, a partir de "declaraciones no corroboradas" de Jaime Villanueva, un exasesor de la suspendida fiscal Benavides. EFE
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