El Gobierno argentino trabaja en impulsar un 'juicio en ausencia' por el ataque a la AMIA

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Buenos Aires, 12 abr (EFE).- El Gobierno de Argentina "trabaja a toda velocidad" para preparar un 'juicio en ausencia' por el atentado cometido en 1994 contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), que dejó 85 muertos y 300 heridos y sigue impune, aseguró este viernes la ministra de Seguridad del país suramericano, Patricia Bullrich.

"Vamos a trabajar a toda velocidad con el Ministerio de Justicia (...) Es el momento de que aquellas personas sean juzgadas por la Justicia argentina", afirmó en una conferencia de prensa la titular de Seguridad del Gobierno que preside el ultraliberal Javier Milei.

El encuentro con los medios tuvo lugar un día después de que la Sala II de la Cámara Federal de Casación declarase como "crimen de lesa humanidad" el ataque a la sede de la AMIA y vinculase al Gobierno iraní de ese entonces y al partido libanés Hizbulá con estos hechos, en un fallo en el que se confirmaron penas de prisión para los principales investigadores del caso.

"La verdad es que ayer fue un gran día para Argentina", aseguró Bullrich al ser preguntada por el posible refuerzo de las medidas de seguridad en edificios públicos, sedes de organismos internacionales y embajadas en Argentina.

La ministra no incidió en este asunto y se limitó a cargar las tintas sobre el Gobierno presidido por la peronista Cristina Fernández (2007-2015) que, según Bullrich, "quiso esconder (el carácter terrorista de Irán) detrás de un nefasto memorándum que nos llevaba a negociar con los terroristas en vez de seguir adelante con la investigación".

Los 'juicios en ausencia' no son posibles según la actual legislación argentina, aunque existen varios proyectos de ley que pretenden posibilitar este tipo de procesos en el país suramericano.

Distintas fuerzas políticas han propuesto que los delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad, reconocidos en el Estatuto de Roma (1998), puedan ser juzgados pese a la ausencia física de los imputados en el marco judicial.

El atentado a la sede de la AMIA fue el mayor ataque terrorista contra objetivos judíos fuera de Israel desde la Segunda Guerra Mundial.

Buenos Aires, 12 abr (EFE).- La sentencia publicada este jueves vinculada al caso del atentado perpetrado en 1994 contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), que causó 85 muertos y 300 heridos en Buenos Aires, deja una serie de preguntas sobre el mayor ataque terrorista acontecido en el país suramericano.

Estas son las claves que explican la relevancia del fallo que estableció el atentado como "crimen de lesa humanidad" y que consideró responsables a Irán y a Hizbulá:

El 18 de julio de 1994, a las 9:53 hora local, un vehículo bomba explotó frente a la sede de la mutua judía AMIA, en la calle Pasteur 633, en pleno barrio porteño Once, causando 85 muertos y centenares de heridos y convirtiéndose en el peor atentado cometido en suelo argentino.

En apenas tres meses se cumplirán 30 años, en los que, pese a todas las investigaciones judiciales, no ha habido una sola condena, al igual que en el atentado perpetrado en 1992 contra la Embajada de Israel en Argentina, que causó 22 muertos y 242 heridos.

Tanto la comunidad judía argentina, la mayor en Latinoamérica y quinta del mundo, como la Justicia consideran responsables del ataque al Gobierno iraní de entonces y a la milicia libanesa Hizbulá, sin que, por el momento, haya condena alguna.

2. El fallo del jueves no es la sentencia del 'caso AMIA'

Este jueves, la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por Carlos Mahíques, Diego Barroetaveña y Ángela Ledesma, emitió un fallo en el que revisó la resolución del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 del 28 de febrero de 2019, que dictó condenas por el encubrimiento del atentado, lo que se conoce como 'Causa AMIA II'.

Los condenados fueron Hugo Anzorreguy, titular de la Secretaría de Inteligencia durante el Gobierno de Carlos Menem (1989-1999); Juan José Galeano, primer juez del caso AMIA; Eamon Mullen y José Barbaccia, fiscales al inicio del expediente; y Carlos Telleldín, último propietario del vehículo empleado en el ataque.

El tribunal dejó la pena de Galeano en 4 años, la de Anzorreguy en 2 años y 6 meses, la de Mullen y Barbaccia en 2 años y la de Telleldín en un año y 9 meses.

En su fallo, los jueces declararon como "crimen de lesa humanidad" el atentado, lo que garantiza su imprescriptibilidad, y responsabilizaron a Irán y la milicia chií libanesa Hizbulá.

No obstante, como explicó hoy el juez Mahíques en una entrevista, lo que hizo este fallo fue "contextualizar" el atentado, ya que era importante eso y "no sólo establecer responsabilidades de orden penal".

En resumen, no es la sentencia del 'caso AMIA', que es el que investiga el atentado en sí mismo y a sus responsables materiales e intelectuales.

Además del propio 'caso AMIA', que sigue sin esclarecerse, una de las cuestiones vinculadas más importantes es la muerte del fiscal Alberto Nisman, encargado de la investigación durante 10 años y que fue hallado en su casa en Buenos Aires con un disparo en la cabeza el 18 de enero de 2015; el caso, caratulado como homicidio desde 2018, sigue sin aclararse.

Esto ocurrió horas antes de que se presentara en el Congreso argentino para denunciar a la entonces presidenta Cristina Fernández (2007-2015), por supuesto encubrimiento a iraníes sospechosos del ataque.

El propio Nisman emitió un dictamen en 2006, en el que responsabilizaba a miembros del Gobierno iraní y de Hizbulá, a partir de lo cual se emitió una orden de captura internacional sobre nueve iraníes, entre ellos el presidente iraní en la época del atentado, Akbar Rafsanjani, y varios de sus ministros.

Durante el Gobierno de Fernández, en 2013, Argentina firmó un Memorándum de Entendimiento con la República Islámica de Irán, con el objetivo de acercar posiciones para avanzar con la investigación. Pese a la aprobación del Congreso argentino de este memorando, la medida fue judicializada y, en mayo de 2014, se declaró la inconstitucionalidad de la ley que aprobó el pacto, que nunca entró en vigencia, ya que Irán nunca lo aprobó.

Nisman presentó una denuncia contra la entonces mandataria y otros presuntos involucrados en el supuesto encubrimiento del ataque terrorista. Tras la muerte del fiscal, y después de ser desestimada, la Cámara de Casación ordenó reabrir la causa, que fue sobreseída en octubre de 2021 y, de nuevo, reabierta a finales de 2023.

Rafa Sanz del Río