Trípoli, 11 mar (EFE).- Las autoridades libias deben garantizar las investigaciones exhaustivas sobre la responsabilidad de los actores militares y políticos por las catastróficas inundaciones de Derna (noreste) sucedidas seis meses antes y que dejaron al menos 4.300 muertos, miles de desaparecidos y casi 45.000 desplazados, pidió este lunes Amnistía Internacional (AI).
En su último informe "En segundos, todo cambió", la organización denunció que tanto el Gobierno de Unidad Nacional (GNU), reconocido por la comunidad internacional y con sede en Trípoli, como las Fuerzas Armadas Árabes Libias (LAAF), a las órdenes del poderoso mariscal Jalifa Hafter y que controla las zonas afectadas por el desastre, han evitado las investigaciones y no han asegurado el acceso equitativo a las indemnizaciones.
"La rendición de cuentas y las garantías a los libios de que no se repetirá esta tragedia son aún más apremiantes dada la creciente probabilidad de que el calentamiento global provoque más desastres inducidos por el clima, exacerbados por el envejecimiento y el mal mantenimiento de la infraestructura de Libia, la fragmentación de las instituciones políticas y el poder ejercido por milicias y grupos armados que no rinden cuentas", señaló el investigador Bassam Al Kantar.
Aunque se ofrecieron compensaciones financieras a cerca de 13.000 de afectados, apuntó, el proceso se vio empañado por demoras y la exclusión discriminatoria de refugiados, migrantes y algunos residentes libios de Derna desplazados al oeste del país.
El informe revela que las LAAF y los grupos armados afiliados han reprimido a ciudadanos por criticar la falta de preparación y respuesta a la crisis y al menos una persona sigue detenida arbitrariamente, sin cargos, juicio ni acceso a su abogado o a su familia; por haber grabado las operaciones de distribución de ayuda humanitaria.
Estas conclusiones así como recomendaciones han sido enviadas a la Fiscalía en Trípoli, el jefe de personal de las LAAF y el primer ministro en funciones del Gobierno de Estabilidad Nacional, basado en el este y aliado de las LAAF, para solicitar una respuesta. Sin embargo, solo el Ministerio Público ha reaccionado hasta el momento, confirmando la apertura de una investigación penal contra 16 funcionarios o exfuncionarios, entre ellos el alcalde de Derna.
Según los expertos, las instrucciones contradictorias, las advertencias inadecuadas y la imposición de toques de queda en algunas de las zonas más afectadas antes de la tormenta Daniel contribuyeron a la importante pérdida de vidas. La Organización Meteorológica Mundial evaluó entonces que podría haberse reducido el número de víctimas con advertencias y evacuaciones adecuadas.
Miles de personas siguen desaparecidas y los supervivientes lidian con la angustia de no conocer los lugares donde han sido enterrados después de que las autoridades locales y voluntarios se apresuraran a enterrar miles de cadáveres en fosas comunes sin la identificación adecuada, lamentó AI. Tampoco se entregaron certificados de defunción a los desaparecidos, necesarios para acceder a las pensiones de viudedad y otras ayudas estatales.
En cuanto a los refugiados y migrantes, estos no fueron evacuados de las zonas afectadas, no se les propuso el retorno a sus países de origen ni proporcionaron información a las familias de los muertos o desaparecidos.
"A falta de perspectivas significativas de rendición de cuentas a nivel nacional, la comunidad internacional debe ayudar a los sobrevivientes y las familias de las víctimas apoyando los esfuerzos para establecer un mecanismo internacional", concluyó el informe.
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