
El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, ha promulgado este lunes entre "potenciales dudas" sobre su aplicación la nueva ley que combate las llamadas 'puertas giratorias' entre el ámbito político y la empresa privada. Con esta ley, aprobada el 11 de enero con los votos en contra de los liberales y la abstención de comunistas y PSD --la principal fuerza de la oposición--, se amplía la prohibición, estableciendo que los antiguos cargos políticos no pueden ejercer funciones en esas empresas "por sí mismos o a través de otras entidades en la que tengan participación". Anteriormente, la legislación portuguesa impedía a quienes hubieran ostentado cargos de responsabilidad política realizar funciones en aquellas empresas privadas que desarrollaran sus actividades en el sector supervisado por estas personas y que de alguna manera se hubieran visto beneficiadas o afectadas durante su mandato. Asimismo, amplia de tres a cinco años el periodo de inhabilitación de quienes no cumplan con la norma y recoge sanciones a las empresas privadas, que no podrían beneficiarse de incentivos fiscales durante cinco años. La "duda" planteada por Rebelo de Sousa radica en la aplicación de la misma en lo que respecta a las restricciones impuestas a las empresas a la hora de contratar a antiguos cargos políticos, si bien destaca "la importancia de reforzar la transparencia".
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