CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — Una jueza cerró el martes el caso penal contra la exprimera dama de Guatemala, Sandra Julieta Torres Casanova, que estuvo acusada de financiamiento electoral ilícito y que podría buscar la candidatura presidencial por tercera ocasión consecutiva en 2023.
Según la jueza Claudette Domínguez, la fiscalía no mostró la acusación contra Torres Casanova, y señaló que carecía de sustento legal.
La jueza, que emitió su decisión cuando faltan sólo dos meses para que comience la próxima campaña electoral, también benefició con la medida a otros seis implicados.
Sin la decisión de la jueza, Torres Casanova corría el riesgo de no volver a participar como candidata presidencial al frente de su partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) pues la Ley Electoral no permite la postulación de personas enviadas a juicio.
La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), que investigó estructuras criminales, acusó a Torres Casanova, hoy de 67 años, de coludirse con empresarios y políticos para financiar a la UNE, de la que fue candidata presidencial en 2015 y 2019. La exprimera dama estaba vinculada a proceso desde octubre de 2019.
En la investigación participó la ex Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un ente de Naciones Unidas que operó en el país durante 12 años.
La fiscalía presentó a la jueza escuchas telefónicas de Torres Casanova discutiendo con el empresario Gustavo Alejos (también procesado) solicitándole dinero para la campaña y que supuestamente no fue reportado a la autoridad electoral.
“Después de tres años y 120 días se hizo justicia. Sigo creyendo en el sistema de justicia a pesar de la irregularidades cometidas. No tengo rencor, ni odio, solo a Dios en mi corazón”, dijo Torres Casanova a periodistas.
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