UVALDE, Texas, EE.UU. (AP) — Mientras la pequeña ciudad texana de Uvalde lucha para sanar sus heridas después de que un hombre armado asesinó a 19 niños y dos maestras en una escuela primaria, también se intenta garantizar que se preserve su legado como la parte central de la lucha por una educación igualitaria para los mexicano-estadounidenses hace más de medio siglo.
En 1970 hubo un paro estudiantil de seis semanas en el distrito luego de que la junta escolar decidió no renovar el contrato de George Garza, un popular maestro mexicano-estadounidense de la Escuela Primaria Robb. Las exigencias estudiantiles incluían un currículum bilingüe y la contratación de más maestros mexicano-estadounidenses, pero el consejo escolar se negó a ceder. En respuesta, una demanda colectiva que alegaba discriminación contra los estudiantes hispanos derivó en que se emitiera una orden contra el distrito para que pusiera fin a la segregación racial, un caso que tardó décadas en resolverse.
Ahora, a algunos líderes hispanos de Uvalde les preocupa que la creciente movilidad social gracias a la educación pueda ser otra víctima de la masacre del 24 mayo, en caso de que los estudiantes teman regresar a la escuela.
“Sigo pensando en la educación”, dijo Ronnie Garza, hijo de George Garza y un comisionado del condado que representa al área de Uvalde que incluye a la Primaria Robb. “Me siento mal por los niños. ¿Cómo se van a sentir en el primer día de clases? Sigo pensando en los maestros. ¿Querrán volver a la escuela?”
Pasó más de una hora desde que los primeros policías siguieron al atacante de 18 años al interior del edificio hasta que fue abatido, según un cronograma oficial. En ese tiempo, los padres reunidos afuera de la escuela le suplicaban a los agentes que ingresaran, mientras los niños aterrados llamaban al número de emergencias 911.
El director del Departamento de Seguridad Pública de Texas, Steven McCraw, ha dicho que el jefe de la policía del distrito escolar, Pete Arredondo —quien estaba a cargo de la respuesta de varios departamentos— tomó la “decisión equivocada” al no ordenarles a los agentes que irrumpieran en el aula antes para confrontar y abatir al agresor.
Arredondo no ha respondido a numerosas solicitudes de entrevista y preguntas de The Associated Press.
Durante una conferencia de prensa por momentos controversial, agentes del distrito escolar de Uvalde dijeron el jueves que no responderían a ninguna pregunta sobre la investigación ni asuntos de personal, incluso luego de que los padres han externado sus preocupaciones sobre la seguridad. Cuando se le preguntó al supervisor Hal Harrell si sigue confiando en Arredondo, respondió: “Ese es el personal”.
Harrell dijo que el distrito contrataría más policías en el otoño, y que se discute acerca de qué será del lugar en el que se ubica la escuela.
“No regresaremos a ese campus de ninguna manera”, declaró Harrell.
Lalo Diaz, juez de paz del condado de Uvalde que ayudó a identificar los cuerpos de las víctimas de la escuela en donde él mismo estudió, dijo que derribarla sería lo correcto.
“Será difícil para cualquiera entrar a ese lugar”, comentó.
Luego de masacres en distintas escuelas del país, las comunidades han tenido problemas para decidir qué hacer con esas instalaciones. En Newtown, Connecticut, los votantes autorizaron la demolición de la Escuela Primaria Sandy Hook en la que 26 alumnos y maestros fueron asesinados en 2012, y construir un nuevo plantel. En Colorado, la Escuela Secundaria Columbine, donde 13 personas fueron asesinadas en 1999, sigue en pie.
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Stengle reportó desde Dallas.
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