Naciones Unidas, 26 ene (EFE).- Naciones Unidas celebró este miércoles la condena a 30 años de prisión impuesta el lunes en Guatemala a cinco paramilitares acusados de violar a 36 mujeres indígenas achí entre 1981 y 1985, durante el periodo más sangriento del conflicto armado en el país (1960-1996). "La decisión del tribunal que condena a los imputados a 30 años de prisión por esclavitud doméstica, violación y otras formas de violencia sexual representa un hito para las supervivientes maya achí guatemaltecas, para las víctimas de violencia sexual del conflicto interno guatemalteco, y en especial para las mujeres y niñas indígenas”, dijo la representante especial de la ONU sobre Violencia Sexual en los Conflictos, Pramila Patten. En un comunicado, Patten elogió la valentía de las víctimas que hace 11 años iniciaron la búsqueda de Justicia ante los tribunales y rindió tributo a su "determinación y resiliencia". "Su valentía y determinación son una verdadera inspiración que nos muestra que, a pesar de muchos desafíos, los esfuerzos para combatir la impunidad en casos de violencia sexual pueden tener éxito, son transformadores y deben continuar”, recalcó. La representante especial de Naciones Unidas alabó además las "estrategias innovadoras" utilizadas en estos juicios, entre ellas el uso amplio de testimonios periciales nacionales e internacionales "que ayudaron al tribunal a comprender las experiencias de las víctimas y contribuyeron a cambiar la narrativa en términos de culpabilización de las víctimas y al proceso de cura de las heridas causadas por el estigma". "Hago un llamado al Gobierno de Guatemala para que siga buscando Justicia para las víctimas de violencia sexual del conflicto armado interno. Mi oficina está disponible para apoyar a las personas supervivientes en su búsqueda de Justicia y reparación y para asegurar que los horrores del pasado nunca más vuelvan a suceder", añadió Patten. Las violaciones de las 36 mujeres indígenas achí tuvieron lugar en el cuartel militar de Rabinal en el departamento de Alta Verapaz, unos 100 kilómetros al norte de la Ciudad de Guatemala, desde 1981 hasta 1985. Las mujeres tenían entre 12 y 52 años cuando fueron violadas sexualmente y entre las 36 víctimas habían cuatro menores de edad, de acuerdo con la Fiscalía. Los cinco condenados a 30 años de prisión formaban parte de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), una fuerza controlada por el Ejército en el conflicto guatemalteco.
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