El presidente de Colombia, Iván Duque, sancionó este martes una ley que endurece las penas de ciertos delitos con el fin de combatir los problemas de seguridad, el vandalismo y la ola de violencia que siguió al acuerdo de paz de 2016.
"Hoy los costos se elevan para los criminales", advirtió el mandatario conservador desde la sede presidencial en Bogotá luego de firmar el documento.
La llamada "ley de seguridad ciudadana" castiga con mayor severidad el porte de armas blancas, el daño a bienes privados o públicos, permite la legítima defensa en algunos casos, eleva las penas de quienes reincidan en un delito y establece la sanción más alta posible para quienes asesinen policías, defensores de derechos humanos, periodistas o menores de edad, explicó Duque.
Durante el evento el presidente, el ministro de Defensa, altos mandos policiales, el fiscal general y congresistas insistieron en el recrudecimiento de los robos, el vandalismo, los ataques a la fuerza pública y los asesinatos.
La ley, ya aprobada por el Congreso, "está inspirada en los ciudadanos de a pie (...) que se sienten amedrentados y con miedo", dijo el ministro de Defensa, Diego Molano.
Su implementación pretende disminuir "la impunidad de quien delinque", darle "mayor protección a los ciudadanos y a miembros de la fuerza pública así como mayores herramientas para los jueces que aplican justicia", indicó el gobierno en un video proyectado durante el acto.
En adelante, "los delitos violentos" que se ejecuten con armas peligrosas y los hurtos que superen un equivalente de mil dólares tendrán prisión, indicó Duque.
También se estableció "una sanción sin beneficio de excarcelación" para los daños a infraestructura pública o de bienes privados.
"Aquí se le manda un mensaje claro (...) a los que han tratado desde el vandalismo legitimar causas claramente influenciadas por la política", añadió.
Durante las masivas y sangrientas protestas contra el gobierno que estallaron en abril de 2021, el mandatario acusó a una facción de los manifestantes de cometer "actos de vandalismo". Cientos de ellos están detenidos por delitos relacionados, según la fiscalía.
La ley también prevé castigos más severos para combatir el rebrote de la violencia que siguió al acuerdo de paz con la disuelta guerrilla de las FARC, que se evidencia con una nueva ola de masacres, asesinatos selectivos y desplazamientos.
El homicidio de líderes, policías y demás casos ya descritos se castigará con una pena de hasta 58 años de prisión.
lv/lm
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