
MADRID, 27 (EUROPA PRESS)
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha remitido este viernes al Congreso una propuesta de modificación de la Ley de Hidrocarburos que desde sectores conservadores critican porque abre la puerta a las expropiaciones en el sector alegando motivos seguridad nacional y energética.
Así, el Gobierno podrá invocar razones de seguridad nacional para suspender permisos otorgados a particulares para el procesamiento de gas natural, importación, almacenamiento y comercialización de hidrocarburos de forma provisional o definitiva en caso de reincidencia.
"Resulta necesario que el Estado como garante de la seguridad y soberanía energética, y palanca de desarrollo nacional cuente con los mecanismos adecuados para que la Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía, en el ámbito de sus respectivas competencias, puedan suspender de manera temporal los permisos expedidos en los términos establecidos en la Ley de Hidrocarburos, cuando se prevea un peligro inminente para la seguridad nacional, la seguridad energética o para la economía nacional", recoge el texto propuesto en su exposición de motivos.
Asimismo propone la ocupación temporal, la intervención o la suspensión de instalaciones privadas, con el fin de "garantizar los intereses de la nación, en el entendido de que quedarán salvaguardados los derechos de terceros".
En su exposición de motivos el Ejecutivo recordó que se busca perseguir y sancionar a los expendedores de hidrocarburos que han incurrido en conductas de posesión, transporte, almacenamiento, distribución y comercialización contrarias al derecho y con fines de lucro económico al margen de la ley.
En concreto, se busca combatir el robo de combustible que causó pérdidas por 66,3 millones de pesos (2,73 millones de euros) en 2018, así como prácticas de expendedores que utilizan software para reducir el volumen del combustible que compran los usuarios, pues se permite que las gasolineras despachen hasta un 1,4 por ciento menos por litro, origen de ganancias ilícitas por 33,53 millones de pesos diarios (1,38 millones de euros).
Esta nueva ley vendría a sustituir a la reforma energética aprobada durante el denominado "periodo neoliberal", que causó un "grave daño causado al sector energético nacional" al acabar con el monopolio del refinamiento, importación, transporte y comercialización de combustible.
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