Por Luis Jaime Acosta
BOGOTÁ, 19 mar (Reuters) - Colombia debe desmantelar las redes criminales y de corrupción en la ciudad portuaria de Buenaventura a través de la acción de la justicia e impulsar la inversión social para recuperar la seguridad de sus habitantes y garantizar el respeto de los derechos humanos, dijo el viernes una agencia de la ONU.
Buenaventura, el principal puerto colombiano sobre el Océano Pacífico con 432.000 habitantes, es escenario de enfrentamientos entre grupos armados ilegales que luchan por el control territorial de la ciudad y de las rutas del narcotráfico, mientras que la población civil, sumida en la pobreza, está en medio de las disputas.
"La violencia está destruyendo la cultura y el tejido social de las comunidades negras y de pueblos indígenas que viven en el territorio, y que representan más del 90% de la población", dijo un comunicado la Representante en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Juliette de Rivero, después de una visita a Buenaventura.
La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia reveló que a través de diversas fuentes y testimonios conoció de 41 homicidios, 13 desapariciones forzadas y el desplazamiento forzado de más de 8.000 personas durante lo que va del año, además de amenazas a líderes sociales y defensores de derechos humanos.
"Hemos podido constatar que las redes de corrupción y los grupos armados permean la economía de subsistencia de la población. De igual forma, los derechos a la seguridad alimentaria y a la salud de la población son profundamente vulnerados", aseguró el informe que alertó sobre el riesgo de ser reclutados que enfrentan los niños, niñas y adolescentes en medio de la situación de pobreza extrema en la que viven.
La Oficina de Derechos Humanos de la ONU pidió a las autoridades nacionales, regionales y locales articulación y coordinación para implementar los acuerdos a los que llegaron con la población de Buenaventura para levantar una reciente protesta social, además del acuerdo de paz que se firmó con la desmovilizada guerrilla de las FARC en 2016.
El Gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) firmaron en 2016 un acuerdo de paz para poner fin a un conflicto armado de más de medio siglo que ha cobrado 260.000 vidas y millones de desplazados.
El pacto, que contribuyó a una reducción de la violencia en los primeros años, permitió la reincorporación a la sociedad de 13.000 antiguos integrantes de la desmovilizada guerrilla, que conformaron un partido político y actualmente tiene 10 escaños en el Congreso.
Previamente la ONU recomendó a Colombia hacer más presencia en las zonas remotas golpeadas por la violencia y la pobreza con mayor inversión social y no solo con el despliegue de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. (Reporte de Luis Jaime Acosta)
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