El máximo tribunal de Guatemala suspende el proceso del Supremo contra sus miembros

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En la imagen, el Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas. EFE/Esteban Biba/Archivo
En la imagen, el Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas. EFE/Esteban Biba/Archivo

Guatemala, 27 jun (EFE).- La Corte de Constitucionalidad de Guatemala, máximo tribunal del país, suspendió este sábado el proceso de remoción de inmunidad a cuatro de sus magistrados, ordenado el viernes por jueces suplentes de la Corte Suprema de Justicia.
La resolución este sábado de la Corte de Constitucionalidad (CC), en sesión extraordinaria, obedece a una solicitud de suspensión del proceso interpuesta el viernes al final de la noche por el Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, y de al menos dos personas particulares.
Rodas interpuso el recurso legal con el objetivo de suspender el dictamen ese mismo viernes de la Corte Suprema de Justicia, que había avalado al Congreso para decidir la remoción o no de la inmunidad para cuatro de los cinco miembros titulares de la Corte de Constitucionalidad.
En el documento, el procurador advertía que la decisión de la Corte Suprema de Justicia de "permitir" que la denuncia continúe "es a todas luces violatoria de derechos fundamentales".
Con la resolución este sábado de la Corte de Constitucionalidad, el Congreso no podrá continuar con el procedimiento que buscaba quitarle la figura legal de antejuicio de los magistrados miembros del Constitucional en el país y que había iniciado el viernes con la formación de una comisión legislativa.
DICTAMEN POLÉMICO
Los magistrados suplentes de la Corte Suprema De Justicia avalaron el viernes el proceso de remoción de inmunidad para los miembros del Constitucional, tras una solicitud legal del abogado particular José Roberto Hernández Guzmán, quien es candidato en la elección pendiente de alrededor de 250 jueces guatemaltecos, incluidos 26 magistrados de la misma CSJ y otros 220 más de Salas de Apelaciones.
El dictamen fue emitido por 12 magistrados suplentes y avalaba la remoción del antejucio en contra de cuatro de los cinco miembros titulares de la Corte de Constitucionalidad (CC) Gloria Porras, Neftalí Aldana, José de Mata y Bonerge Mejía.
Los 26 magistrados titulares y suplentes habituales de la CSJ no tomaron parte en la determinación legal de este viernes debido a que participan en dicha elección de 250 jueces, según fuentes de la entidad, por lo que el dictamen recayó en magistrados suplentes regionales de diversos juzgados, incluidos algunos con señalamientos por corrupción.
LAS ELECCIONES DE LA DISPUTA
Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia debieron entregar su mandato en octubre pasado pero la elección de los nuevos miembros fue suspendida en dos ocasiones por la Corte de Constitucionalidad -en 2019 y en 2020- debido a que el Ministerio Público (MP, Fiscalía) documentó irregularidades en el proceso.
La elección finalmente debía llevarse a cabo el martes pasado por el Congreso guatemalteco, pero fue suspendida en una maratónica jornada legislativa de 12 horas tras no ponerse de acuerdo en el procedimiento para elegir a los nuevos magistrados.
La abogada y exjueza guatemalteca Claudia Escobar, galardonada en el exterior por organizaciones internacionales tras resistirse a un soborno de un diputado, expresó el viernes su rechazo a la disposición de los magistrados suplentes de la CSJ.
"Pretender despojar de su inmunidad a los magistrados de la CC es una amenaza para el Estado de Derecho. El conflicto de interés de magistrados suplentes que integraron la CSJ es evidente", aseveró Escobar en sus redes sociales.
La misma opinión compartió la entidad no gubernamental Convergencia por los Derechos Humanos en un comunicado de prensa en el que denunciaron un "golpe" contra la Corte de Constitucionalidad.
El dictamen este sábado del Constitucional guatemalteco fue firmado por tres de los cinco magistrados acusados, pues Neftalí Aldana se inhibió de conocer el recurso legal. Los otros firmantes del amparo legal otorgado fueron Mynor Par y María Cristina Fernández.
Según expertos, la elección de los 250 jueces es trascendental para la lucha anticorrrupción del país centroamericano, especialmente después de que las autoridades documentaran que las últimas elecciones en 2014 estuvieron cooptadas por el Gobierno del expresidente, Otto Pérez Molina (2012-2015).