CIDH señala "seria preocupación" por ley de protección policial en Perú por COVID-19

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó el lunes su "seria preocupación" por la promulgación de una ley en Perú que exime de responsabilidad penal a las fuerzas del orden en el marco de su patrullaje por la emergencia de la COVID-19.

En varios mensajes en su cuenta en Twitter, la CIDH, ente autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), advirtió al Estado peruano que las leyes nacionales deben cumplir con los principios internacionales que regulan el uso de la fuerza.

"De conformidad con los estándares interamericanos, las leyes nacionales no deben contemplar excluyentes de responsabilidad que impidan investigar y sancionar responsables de violaciones de derechos humanos, en particular cuando perpetradores son agentes del Estado", indicó.

"La CIDH recuerda a Perú que el uso de la fuerza debe ser excepcional y satisfacer los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad, persiguiendo en todo momento reducir al mínimo los daños y lesiones que pudieran causarse", agregó.

Perú modificó el Código Penal para eximir de responsabilidad penal a los agentes del orden "que, en el cumplimiento de su función constitucional y en uso de sus armas u otro medio de defensa, en forma reglamentaria, cause lesiones o muerte", según una ley publicada el sábado en la gaceta oficial en medio de la pandemia.

En Perú rige desde el 16 de marzo y hasta el 12 de abril un confinamiento obligatorio de la población, que restringe la libertad de las personas a salir a la calle, así como un toque de queda nocturno con el fin de contener la propagación del nuevo coronavirus, causante de la enfermedad COVID-19.

En Perú se han registrado 852 casos de COVID-19, de ellos 639 en Lima, con 18 fallecidos, según el último balance oficial divulgado el domingo.

La Ley de Protección Policial puede generar controversia en Perú, donde miembros de las fuerzas de seguridad cometieron crímenes de lesa humanidad y otros graves delitos contra civiles inocentes en sus operaciones contra la guerrilla maoísta Sendero Luminoso, entre 1980 y 2000.

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