Bashar al-Assad es un criminal de guerra: lo prueban 600.000 documentos

Una organización legal independiente con sede secreta en Europa saca de Siria las órdenes escritas que podrán probar, cuando se lo juzgue, los delitos contra la humanidad que comete el régimen sirio. La CIJA se propone algo que no se hizo ni en Núremberg ni en los Balcanes: documentar los crímenes de guerra en tiempo real

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 AFP 163
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La guerra en Siria lleva cinco años y hace dos que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) abandonó el esfuerzo de contar sus muertos. Las estimaciones rondan el medio millón, mientras que otros cinco millones de sirios han escapado a los países vecinos y a Europa.

El caos que el presidente Bashar al-Assad ha desatado para mantenerse en el poder luego de la Primavera Árabe contribuyó al crecimiento del Estado Islámico.

Pero el terrorismo que genera Siria no es atribución exclusiva del grupo yihadista más sangriento.

Según un grupo internacional e independiente de investigadores de los crímenes en Siria, la Comisión Internacional por la Justicia y la Imputabilidad (CIJA), el problema principal es el terrorismo de Estado de Al Assad.

Tienen pruebas: toneladas de papeles con el águila dorada y la firma en verde donde la Célula de Crisis del presidente sirio daba las órdenes a los represores en el territorio nacional, y con las rendiciones de cuentas de esos inferiores a sus altos mandos.

El informe vincula la tortura y el asesinato sistemáticos de decenas de miles de sirios a una política escrita aprobada por el presidente Al-Assad

En un artículo que acaba de publicar The New Yorker, el experto en la guerra siria Ben Taub sintetizó: "El trabajo de la comisión culminó hace poco en un informe de 400 páginas que vincula la tortura y el asesinato sistemáticos de decenas de miles de sirios a una política escrita aprobada por el presidente Al-Assad, coordinada entre sus agencias de seguridad e inteligencia e implementada por los oficiales del régimen, que informaban sobre el éxito de su campaña a sus superiores en Damasco".

Los documentos que la CIJA saca con mucho riesgo de Siria —y hasta que evalúa que es seguro hacerlo, los acumula enterrados, o en cavernas, o en casas abandonadas— "ofrecen un registro de la tortura autorizada por el estado que es casi inimaginable por su alcance y su crueldad", escribió el periodista en "The Assad Files" ("Los expedientes de Assad"). Los sobrevivientes que escaparon de Siria han contado sobre los golpes, las quemaduras de cigarrillos, la picana eléctrica, la sodomización con objetos, la mutilación. Y las muertes. "Pero nunca se los había rastreado hasta su origen en órdenes firmadas".

Lo que la CIJA se propone es, por lo tanto, algo que no se ha hecho en el mundo hasta el momento.

Supera lo que se vio en Nuremberg o en los Balcanes.

Se trata de documentar los crímenes de guerra en tiempo real para comprometer legalmente a los perpetradores antes de que destruyan las pruebas.

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Contrabando de documentos: a pequeña escala, con grandes peligros

Taub comienza su nota con la descripción de un investigador que en ocasiones innumerables ha atravesado los once retenes que hay en las 40 millas de un camino que va a la frontera. Los soldados sirios comenzaron a verlo como alguien local, y aceptaban sus botellas de agua y sus snacks.

Una tarde de verano, el hombre cargó en el camión, que siempre iba vacío, más de 100.000 documentos robados al gobierno sirio. En los puestos de control los saludaron. Cruzó la frontera.

"Manejó hasta que llegó a una embajada occidental donde dejó su cargamento para que se lo entregaran en mano al abogado estadounidense Chris Engels", explicó la nota de The New Yorker. "Engels esperaba los papeles para incluir pruebas que vinculasen a los oficiales sirios de alto nivel con las atrocidades masivas".

El director de la Unidad de Crímenes de Dictaduras de la CIJA —que años atrás entrenó a personas como el voluntario sirio en los Balcanes, en Afganistán y en Cambodia— recibió el material en un edificio sobre el cual el autor de la nota no puede revelar la ubicación, ni siquiera la ciudad o el país.

En algún punto de Europa Occidental, esas oficinas han acumulado en los últimos cuatro años más de 600.000 documentos oficiales contrabandeados fuera de Siria, "muchos de ellos sacados de instalaciones de inteligencia secretas".

Los originales se escanean, se catalogan y se conservan en la bóveda inferior, en condiciones de humedad controlada y de protección contra las ratas. De ellos sale la información que se acumula en las paredes de la oficina principal: mapas detallados de los pueblos donde el terrorismo de Al Assad ha acumulado tantos cadáveres, desde las morgues hasta los baños de los centros de detención, que es materialmente imposible identificarlos; también los nombres de los funcionarios sirios que se presumen responsables de esas acciones se leen en una pizarra blanca.

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Primero la evidencia, luego la acusación

"El fundador de la organización, Bill Willey, un canadiense investigador de crímenes de guerra que ha trabajado en varios tribunales internacionales de alto perfil, se había frustrado con la burocracia geopolítica en que muchas veces se convierte la búsqueda de justicia", escribió Taub.

En este caso, basta con considerar que en mayo de 2014 China y Rusia bloquearon una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU —el único organismo que podría enviar el caso de Siria a la Corte Criminal Internacional— que hubiera abierto el camino a la investigación judicial de los crímenes de guerra cometidos por todos los actores del conflicto.

Por cosas como esa, Willey ha creado un caso que —según la revista estadounidense— es "la primera investigación sobre crímenes de guerra internacionales completadas por una agencia independiente como la CIJA, con fondos de gobiernos [Gran Bretaña, Alemania, Suiza, Noruega, Dinamarca y Canadá, además de la Unión Europea] pero sin una orden judicial".

"600.000 páginas de documentos prueban que Al Assad y sus funcionarios cometieron delitos de lesa humanidad"

Su intención: apenas haya indicación del inicio de un proceso judicial, habrá 600.000 páginas de documentos que prueban que Al Assad y sus funcionarios cometieron delitos de lesa humanidad. No habrá que empezar la investigación: ya estará hecha.

"Stephen Rapp, quien condujo equipos de fiscales en los tribunales para los delitos internacionales en Ruanda y Sierra Leona antes de ser embajador plenipotenciario de los Estados Unidos en Asuntos de Crímenes de Guerra, me dijo —siguió el periodista de The New Yorker— que la documentación de la CIJA 'es mucho más rica que cualquier cosa que haya visto antes, y que haya llevado adelante como fiscal en esta área'".

El sistema represivo de Al-Assad por dentro

A cuatro meses de la Primavera Árabe, el presidente de Siria denunció una conspiración contra su ejercicio del poder que su familia ha conservado desde 1971 gracias a un aparato eficaz de seguridad e inteligencia. En el medio de las protestas que crecían en el país, comenzó a sesionar una Célula Central de Gestión de Crisis, presidida por Mohammad Said Bekheitan, el segundo de la agrupación política oficialista.

"Cada noche, la Célula de Crisis se encontraba en una oficina oscura en el primer piso del Comando Regional del Partido Baath, en el centro de Damasco, y discutía estrategias para terminar con el disenso. Esto requería información detallada de cada protesta, por lo cual la Célula pidió informes a los comités de seguridad y los agentes de inteligencia en las provincias más rebeldes".

Taub supo esto porque la persona a la que se le encargó el procesamiento de esa cantidad gigantesca de información fue un infiltrado de los cuerpos revolucionarios, que logró escapar —envuelto, literalmente, en documentos: los pegó a su cuerpo— y contarlo.

A los 24 años, interrogado por los militares por sus actividades antigubernamentales en la universidad, Abdelmajid Barakat consideró increíble que lo contrataran para eso.

Los memos llegaban desde cada rincón del país, a veces más de 150 páginas por día. Barakat las catalogaba según el nivel de amenaza: grupos armados, protestas, publicaciones en redes sociales, graffiti. Luego hacía un resumen que se leía en la reunión de la Célula de Crisis para planificar los pasos siguientes.

"Ninguna decisión sobre seguridad, sin importar cuán pequeña fuera, se tomaba sin la aprobación de Al-Assad"

Desde el vicepresidente de Siria hasta el hermano más joven de Assad, pasando por los oficiales Baatistas más importantes, todos leían, opinaban y acordaban un plan para cada tema de seguridad. El borrador se enviaba a Al Assad, que revisaba las propuestas, tachaba y agregaba, y enviaba de nuevo a la Célula de Crisis para su implementación. "Barakat tenía la certeza de que ninguna decisión sobre seguridad, sin importar cuán pequeña fuera, se tomaba sin la aprobación de Al-Assad", aseguró el periodista.

Y contó la decisión y el modus operandi del joven: "Poco después de que Barakat comenzara a trabajar para la Célula de Crisis, comenzó a filtrar los documentos". Se encerraba en el diario y fotografiaba los memos que hablaban de cómo se disparaba indiscriminadamente a los manifestantes y los activistas. Los mandaba a sus contactos en la oposición siria, que los hacían públicos en medios árabes.

Cuando antes de un año lo interrogaron acerca de las filtraciones, Barakat tomó las minutas de las reuniones. Al día siguiente, su jornada libre, se llevó todo lo que pudo; entre otras cosas, la correspondencia entre la Célula de Crisis y la oficina presidencial. Manejó sin parar 250 millas y cruzó la frontera a Turquía con identidad falsa. La CIJA hizo reproducciones de cada página, y el exiliado las conserva para cuando se puedan usar.

La acción de los investigadores

Mientras el primer ministro de Assad, el vocero del ministro de Relaciones Exteriores y el general a cargo de evitar las defecciones se pasaban a la oposición por las "masacres contra nuestra población civil inocente", Wiley se instalaba en Turquía para entrenar a un grupo de voluntarios sirios en cómo obtener y cuidar los documentos ("el rey o la reina de la prueba en los procesos criminales internacionales") para que fueran válidos ante los tribunales.

También les enseñó a fotografiar y medir cráteres de bombardeos, recoger fragmentos de bala; y a entrevistar —hasta el momento, a 250 víctimas en todo el país— para crear un patrón de los crímenes que permita probar que se los realizó de manera sistemática, en coincidencia con los documentos.

Las deserciones de militares y funcionarios aumentaban; Al Assad vio como sus ex fieles formaban el Ejército por la Libertad Siria. Wiley entró en contacto con ellos: al principio les importaba solamente ocupar una instalación oficial, saquearla en busca de teléfonos, armas y municiones, y luego la incendiaban. Con todos los documentos dentro. Ignoraban su valor.

En cambio, las fuerzas oficiales lo conocían bien. Cada vez que los rebeldes atacaban edificios de inteligencia y seguridad, hacían estallar las cañerías antes de retirarse: así destruyeron cientos de miles de páginas.

Las acciones de Al Nusra, vinculado a Al Qaeda, representaban la misma amenaza que el gobierno sirio para los rebeldes y los investigadores. Hubo muertos, heridos, secuestrados y procesados; CIJA pagó rescates y multas. Sólo una mujer, capturada hace más de dos años, permanece detenida por el régimen sirio.

Las órdenes represivas escritas de Al-Assad

Uno de los documentos que CIJA mostró a Taub reproduce una reunión de la Célula de Crisis, que se quejaba porque las protestas se expandían por las provincias por "la debilidad en el manejo de la crisis". Los funcionarios superiores de la seguridad y la inteligencia de Al Assad culpaban a "la debilidad en la coordinación y la cooperación entre los cuerpos de seguridad", e hicieron ellos lo que no habían conseguido hecho: "Esa noche, trazaron un plan para apuntar a ciertas categorías particulares de personas", escribió el periodista.

"En primer lugar, todas las ramas de la seguridad habrían de lanzar ataques diarios contra los organizadores de las protestas y 'aquellos que mancillan la imagen de Siria en los medios extranjeros' —citó The New Yorker los documentos originales—. A continuación 'una vez que cada sector haya sido limpiado de la gente buscada', los agentes de seguridad se coordinarían con los leales a Baath, las milicias barriales y los líderes comunitarios para asegurar que los activistas opositores no regresaran a esas áreas. En tercer lugar, 'establecerían un comité conjunto de investigación en el nivel provincial' compuesto por los representantes de todas las ramas de la seguridad, que interrogarían a los detenidos. Los resultados 'serán enviados a todas las ramas de la seguridad, de manera tal que se puedan utilizar en la identificación de nuevos objetivos que deben ser perseguidos'".

La tortura se sugería como política, al igual que la cadena de descenso de las órdenes, pudieron establecer los analistas de CIJA en Europa. Pero no bastaba con tener las órdenes que los cuatro directorios de seguridad e inteligencia bajaban a los niveles locales —"implementar lo que se les solicita, para acelerar el punto final de la crisis"—, ya que eso no constituiría prueba de que se habían llevado a cabo. "Para nosotros era igualmente importante ver los informes que ascendían, de regreso, por la cadena de mando", Engels le dijo a Taub.

"Así se confirmaba que esas categorías de personas habían sido marcadas para detención e interrogación, y que los líderes en Damasco se mantenían informados de los abusos en los centros de detención", explicó el periodista. "La Célula de Crisis inclusive pedía listas de todos los detenidos. Algunos miembros de los comités provinciales de seguridad tomaban medidas preventivas para satisfacer a sus superiores. En Raqqa se encontró una copia de las instrucciones de la Célula de Crisis con una nota agregada a mano: 'Hace mucho tiempo ya que hicimos eso'".

Algunos de los archivos muestran las razones de las deserciones. "Un fiscal de Deir Ezzor envió tres faxes —luego recuperados por los investigadores de CIJA— al gobernador, el ministro nacional de Justicia y el titular del comité conjunto de investigación de la provincia, urgiéndolos a que dejaran de violar la ley", citó The New Yorker. El texto de uno de los faxes dice: "Los padres y los familiares de las personas detenidas preguntan a diario por el destino de hijos, de padres, de hermanos. Deben escuchar lo que tienen para decir. El frigorífico del hospital está lleno de cadáveres sin identificar que se han desintegrado, porque han estado allí un tiempo prolongado".

Esos y otros papeles que conforman el acervo del CIJA ocupan mucho espacio. Moverlos ha sido y sigue siendo un asunto difícil en términos de logística y paciencia. Los envíos de hasta 50 libras suelen llegar "en un surtido vergitinoso de valijas feas", le dijo Wiley a Tabu. Para trasladar cantidades mayores hay que negociar con los países vecinos, conseguir camiones y esperar el momento adecuado. "Todavía tenemos enormes cantidades de material en Siria, que no movemos porque es muy peligroso", agregó Wiley. "Probablemente hasta medio millón de páginas".