Abren una causa para investigar el pago a los holdouts

El fiscal federal Federico Delgado abrió hoy una causa penal para investigar si se cometieron delitos en el proceso de pago a los fondos buitres, que hoy la Cámara de Diputados buscará aprobar.

Fuentes judiciales informaron a Infobae que Delgado impulsó la denuncia que ayer presentaron los abogados Jorge Cholvis, Arístides Corti y Eduardo Barcesat, de la Asociación Civil "Instituto Arturo E. Sampay", contra el presidente Mauricio Macri, todo el Gabinete Nacional y los diputados y senadores que aprueben el acuerdo con los holdouts mediante la derogación de la ley cerrojo y de pago soberano.

Delgado reconoció en su dictamen que el tema "es verdaderamente complejo" y que a lo largo de la historia las causas por el pago de deudas "no avanzan". Pero que igual avanzará para determinar si en este caso "se defraudaron las arcas públicas."

La apertura de la causa llega en el primer test de fuego para el gobierno de Macri: hoy al mediodía el pleno de la Cámara de Diputados se reunirá –con el acuerdo de un quórum trabajoso– para avanzar en la aprobación del acuerdo con los buitres. Los denunciantes señalaron en su presentación que con el pago a los fondos buitres se viola la Constitución Nacional y que el endeudamiento final sería de 384 mil millones de dólares.

La denuncia fue firmada por un centenar de personas que ayer concurrieron a los tribunales de Comodoro Py, entre ellas la ex ministra de Economía de Néstor Kirchner, Felisa Miceli, quienes culminaron con un acto en la puerta del edificio el que cantaron "vamos a volver", la canción que representa al kirchnerismo desde la asunción de Macri.

Delgado sostuvo en su requerimiento que no se pueden investigar conductas a futuro –lo que hoy vaya a votar los diputados–, pero sí hechos pasados.

Así, el fiscal pidió investigar el acuerdo de 15 mil millones de dólares con el 6 por ciento de los bonistas que no ingresaron al canje de año 2005; el pago de más de 2.500 millones a los bonistas italianos; y la firma en diciembre de un decreto de necesidad firmado por Macri por el cual se dispuso un megacanje de deuda por 16.099 millones de dólares.

"La cuestión nodal tiene que ver con la vigencia formal, pero no real, de los incisos 4° y 7° del artículo 75 de la Constitución Nacional que asignan al Congreso de la Nación la materia "deuda". Como el parlamento delegó en el Poder Ejecutivo esa facultad a través de la ley 24156, es en las previsiones de esta norma donde se encuentra la clave para determinar si este nuevo capítulo del endeudamiento posee ribetes delictivos", sostuvo el fiscal.

Para avanzar en la causa, Delgado le pidió al al juez federal Sebastián Casanello dos medidas de prueba. Una, que la Jefatura de Gabinete de la Nación presente "todos y cada uno de los documentos en cualquier soporte, que directa o indirectamente vinculados a la cuestión de los "fondos buitres", ya sea en el marco de las causas que sustancian en Nueva York o en otros tribunales arbitrales, administrativos y/o judiciales del mundo."

Y la segunda que la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y la Universidad Torcuato Di Tella designen un experto cada una para que analicen las políticas públicas sobre la ley 24.154 de deuda pública.

Delgado reconoció en su dictamen que es difícil investigar los pagos de deudas y criticó el uso final que los gobiernos le dan a esa herramienta.

"Las causas que giran en derredor de la deuda externa en general no avanzan. Según las causas judiciales, desde Martínez de Hoz, el Plan Brady o el Megacanje, la deuda se toma para encarar el desarrollo económico. Pero luego vira y toma otro camino: financiar la fuga de capitales. En medio de ese viraje se produjeron siempre graves delitos. Frente a este nuevo capítulo de la deuda, la disyuntiva es la misma pero no podemos hacer nada al respecto", explicó.

"Hemos sido testigos también de un hábito crónico: prorrogar la jurisdicción de nuestros tribunales, renunciar a la inmunidad soberana, recortar en consecuencia las facultades de nuestro poder judicial e invariablemente ser vapuleados en tribunales judiciales o administrativos extranjeros. Tampoco podemos hacer nada sobre ello. Las normas que se sancionan de acuerdo al procedimiento constitucional, sólo se derogan de esa manera. En todo caso es un problema colectivo, pero no del Ministerio Público Fiscal", fijó límites Delgado.