Los vecinos del Bajo Flores difundieron las fotos de los niños de la murga y de adultos que resultaron heridos el viernes Twitter 162 Avanza la investigación sobre el escandaloso operativo protagonizado por Gendarmería en el barrio porteño de Bajo Flores. Ayer, la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) denunció penalmente la actuación que esa fuerza de seguridad llevó adelante el viernes pasado, y que culminó con un grupo de vecinos y menores de edad heridos con balas de goma y plomo.
El organismo, a cargo del fiscal Miguel Angel Palazzani, investiga los hechos de violencia perpetrados durante la noche del 29 de enero pasado, cuando un grupo de gendarmes irrumpió en medio de los ensayos de la murga barrial "Los Auténticos Reyes del Ritmo" y disparó contra sus integrantes.
La presentación, que quedó radicada en el Juzgado Nacional de Instrucción N °22 a cargo de Guillermo Rongo, destaca el testimonio coincidente de las víctimas, especialmente en lo referido a la violencia ejercida por los policías y a que "ninguno de los vecinos se encontraba armado o habría ofrecido resistencia alguna", informó el sitio www.fiscales.gob.ar a través de un comunicado. Interviene en la causa también la fiscalía n°43, a cargo de Carlos Velarde.
De acuerdo al relato de testigos, un patrullero con efectivos de Gendarmería avanzó en el cruce de las calles Charrúa y Varela, donde los murguistas estaban ensayando. Al llegar a esa bocacalle, el chofer del vehículo no se detuvo y embistió a una mujer. Tras ese choque, algunos uniformados descendieron del móvil y comenzaron a agredir a los vecinos.
"Comenzaron a disparar a todas partes, contra la murga en particular, contra los chicos y mujeres que se quedaron en la calle", señaló una de las víctimas. La totalidad de los testimonios coincide en que ninguno de los vecinos portaba armas de fuego, y que tampoco existieron agresiones dirigidas hacia los efectivos de Gendarmería.
Uno de los testigos aportó a la Procuraduría seis cartuchos de color verde, tres casquillos dorados (presumiblemente de pistola 9 mm) y 25 postas de goma que dijo haber recogido de la calle una vez finalizada la agresión.
"Un gendarme le pegó un tiro con bala de plomo a un nene al grito de 'negro de mierda" contó hoy el abogado Adrián Albor, representante de un grupo de víctimas, en diálogo con radio Del Plata.
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Tras la recolección de testimonios y pruebas, la Procuvin indicó que debe investigarse la responsabilidad de los funcionarios jerárquicos de Gendarmería y las funciones que ha desempeñado cada uno de ellos en el operativo.
El documento resalta también el "deber de no atentar contra la integridad física de personas que se encuentran reunidas en el marco de un espectáculo popular... Tanto más si es visible que hay niños, mujeres embarazadas y adultos mayores por su especial condición de vulnerabilidad".
El escrito de la Procuvin recuerda que en septiembre del 2015, ya había radicado una denuncia a Gendarmería Nacional por privaciones ilegítimas de la libertad de niños y adolescentes. Se llegaron a registrar 18 hechos que tuvieron lugar en barrios del suroeste de la Ciudad de Buenos Aires, entre los años 2013 y 2014. Por estos incidentes, se inició una investigación sobre la presunta responsabilidad de funcionarios y autoridades.
El Ministerio de Seguridad, a cargo de a href="https://www.infobae.com/" rel="noopener noreferrer" Patricia Bullrich/a, en un primer momento eludió la responsabilidad sobre el operativo en el Bajo Flores, y destacó que hubo dos gendarmes heridos a raíz de un procedimiento que tuvo lugar en la villa 1-11-14, con el objetivo de recuperar cuatro autos robados. Sin embargo, fuentes de la investigación aseguran que esas lesiones no tuvieron relación con la represión a los murguistas.
Tras la desmentida y silencio inicial, el ministerio dispuso en paralelo a la investigación judicial el envío de una comitiva de la Subsecretaría de Participación Ciudadana al sitio donde se produjo la balacera, a fin para recoger información y testimonios y así "evaluar eficientemente lo acontecido en el lugar". Además, se abrió un expediente en la Dirección de Violencia Institucional de la cartera, contaron las fuentes a Infobae.
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