Se mueve el escenario político de Jujuy tras la imputación y posterior detención de la dirigente piquetera y legisladora al Parlasur, Milagro Sala.
El acampe montado tras la asunción de Gerardo Morales, frente a Casa de Gobierno, fue levantado cuando se acercaba a los 40 días de duración. La calma retorna a las calles céntricas. Y los reclamos por la liberación de la líder territorial vinculada al kirchnerismo se trasladan al ámbito de las oficinas.
A última hora del martes, el titular del Ejecutivo provincial mantuvo un encuentro con 15 legisladores que interceden para que Sala abandone la prisión. Pero la situación es un tanto más compleja y no se transformará en un debate sencillo luego de apenas un encuentro. Sobre todo, porque las acusaciones son importantes.
Según datos de la denuncia a los que accedió Infobae, la dirigente kirchnerista fue sindicada como "jefa" de una organización constituida por cooperativas que se apropió de $1.634.444,21 que iban a utilizarse para obras y que no fueron ejecutadas.
Información de testigos protegidos
"No podíamos decir que no. Si decíamos que no, nos sacaban las obras que teníamos. Si no accedíamos a hacer lo que nos pedían, nos iban a cerrar las puertas de los ministerios": este es el testimonio de un cooperativista que reproduce el diario La Nación.
Así, cabe destacar que la estructura de la Tupac Amaru incluye más de 70 mil afiliados, diez establecimientos educativos, diez centros de salud, más de ocho mil viviendas sociales construidas, fábricas y talleres textiles. El barrio Alto Comedero, con un imponente polideportivo, es el cuartel general de la organización.
El ministro de Infraestructura y Planificación de Jujuy, Jorge Rizzotti, confirmó que la Tupac Amaru distribuía por mes cerca de $45 millones para construir viviendas y planes sociales. Los cabecillas eran, según nueve denuncias, el dirigente Javier Nieva, la diputada provincial Mobel Balconte y la concejala Marcia Sagardía.
El planteo judicial apunta a una serie de maniobras realizadas entre enero y mayo del año pasado, en la que participaron doce cooperativistas y ex funcionarios provinciales del Instituto de la Vivienda. Allí, se detectaron irregularidades en 30 convenios suscritos con entidades vinculadas a la Tupac Amaru, que tenían el objetivo de poner en pie soluciones habitacionales y mejoras de infraestructura social.
En diálogo con TN, el fiscal Miranda dijo también que se apunta a unos 29 millones de pesos por el programa Mejor Vivir. "Se ha detectado que no se realizaron las obras" para las que las cooperativas recibieron el dinero, afirmó.
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