El juez Claudio Bonadio tiene abierto un expediente que ha generado cierto temor en las oficinas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios que encabeza el ministro Julio De Vido.
El juez investiga si en las multimillonarias compras de Gas Natural Licuado (GNL) que realizó el Estado nacional para tratar de paliar la crisis energética de estos años, se pagaron sobreprecios o hubo maniobras que involucren a funcionarios públicos.
Entre las medidas de prueba ordenadas por el juez se está realizando la copia de los mails de la Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión del ministerio de Planificación que intervino en las importaciones de GNL entre 2008 y 2012. Desde entonces las compras quedaron en manos de YPF.
El 4 de noviembre pasado el diario La Nación había publicado un artículo en el que explicaba que la División de Cibercrimen de la Policía Metropolitana, por orden de Bonadio, estaba copiando los mails enviados y recibidos por Roberto Baratta, uno de los cerebros de la política energética del kirchnerismo y subsecretario de Coordinación del ministerio de Planificación.
Pero según pudo confirmar Infobae en fuentes judiciales, la investigación es mucho más amplia y no sólo se están copiando los mails enviados y recibidos por Baratta entre 2008 y 2012. Los policías de la Metropolitana están realizando back-up de las cuentas de correo electrónico de Baratta y de otros 26 funcionarios del ministerio de Planificación.
Es tan grande la cantidad de información que deben copiar los policías de Cibercrimen que están dedicados a ello desde mediados del mes de octubre y todavía no han finalizado. Los integrantes de la Metropolitana trabajan todos los días de 8 a 22 en la sala de servidores del ministerio de Planificación. Extraen los correos de las 27 personas de interés para el juzgado y cuando se cierra la oficina y se coloca una franja de papel firmada por testigos. Al día siguiente, para abrir la puerta, se quita la franja y comienza de nuevo la tarea. La entrada al lugar está vigilada por una cámara de seguridad y el personal del ministerio-según explican fuentes de la investigación- ha colaborado de manera eficiente y sin ningún cuestionamiento con los expertos de la Metropolitana. Se calcula que la tarea encomendada por Bonadio puede llegar a tardar varios meses.
La Justicia analizará los mails que enviaron y recibieron varias personas que –en principio– no están acusadas de ningún delito pero como revistaron en la subsecretaría a cargo de Baratta, el contenido de esos correos es de interés para la investigación judicial. Bonadio solicitó los mails de Juan Larregoyti, Federico Cáceres, Diego Herrera, Carolina Paolucci, Brenda Follis, Juliana Torres, Liliana Damelio, Valeria Aragón, Mariano Nieves, Federico Romano, Hernán Anzelotio, Ricardo Altamirano, Cecilia Irulegui, Lucía Frutos, Alejandro Cottet, Sol De Aubeyzon, Analía Fernández, Mariana Marusso, Paola Barbota, Valentina Romano, Natalia Bard, Micaela Iglesias, Alejandro Furlani; Valeria Acorroni, María Eugenia Risso Patrón y Micaela Iglesias.
El juez solo puede utilizar la información referida a las compras de GNL que halle en los cientos de miles de mails. Si-como sucedió en el caso de los mails del testaferro de Ricardo Jaime en la causa por enriquecimiento ilícito- se llegara a detectar en los correos electrónicos otro posible delito, Bonadio debe denunciarlo y mandar a sorteo el hipotético nuevo caso para que lo investigue otro juez.
El caso del GNL comenzó a partir de una denuncia realizada por los legisladores del PRO Federico Pinedo, Laura Alonso y Patricia Bullrich en 2014. Presentaron la denuncia luego de una nota de La Nación al ex ministro menemista Roberto Dromi, quien aseguró haber asesorado a De Vido en Planificación. Como en aquel reportaje Dromi habló de las operaciones de compra de los barcos cargados de GNL –a las que conocía muy bien porque era intermediario de la empresa española Gas Natural Fenosa en su venta de combustible a la Argentina– y deslizó ciertas críticas a cómo las estaba haciendo YPF desde 2012, los diputados pidieron que se investigue el caso.
Dese las oficinas de Baratta se gestionaban las millonarias compras de GNL que, sin embargo eran pagadas por la petrolera estatal Enarsa. El juez ordenó allanamientos en Planificación, YPF y Enarsa y ahora está acopiando los mails. Por ahora la causa está en la etapa de reunión de las pruebas. Pero el avance del expediente tiene en vilo a más de uno.
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