El juez federal de la localidad salteña de Orán, Raúl Reynoso, fue acusado de cohecho y otorgamiento de beneficios a personas asociadas con el crimen organizado, como el tráfico de estupefacientes y la trata de personas, entre otros delitos.
El abogado David Leiva, querellante frecuente en causas por crímenes de lesa humanidad, presentó ayer la denuncia acompañado por Martín Ávila, representante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación; Oscar Rodríguez, de la Asamblea Permanente de DDHH de La Plata y Nora Leonard y Cristina Cobos, de la Asociación de Derechos Humanos "Lucrecia Barquet", entre otros.
"Tenemos conocimiento y muchos indicios que en la justicia federal de Orán se requiere dinero a cambio de actividades judiciales que benefician con la excarcelación o la falta de mérito a personas vinculadas al narcotráfico, la trata de personas y las divisas ingresadas ilegalmente", dijo ayer Leiva, en el acceso a los tribunales federales.
La dura acusación está fundada en el testimonio de la abogada Roxana Rivas, ex pareja del letrado René Gómez, quien defiende al empresario Marcos Levín en el octavo juicio que por delitos de lesa humanidad se desarrolla en Salta.
"La abogada Roxana Rivas nos contó que el juez federal de Orán iba a la casa del letrado René Gómez y, en su presencia, retiraba dinero del narcotraficante Miguel Farfán", reveló Leiva.
La presentación penal incluye chats en los que Rivas aparece como intermediario entre Gómez y Reynoso y "en los que se hablan de estas cuestiones y de los retornos".
Según Ávila, la conexión narco del juez salió a la luz cuando Rivas aportó en la causa de Levín la supuesta amistad entre Gómez y la jueza Liliana Snopek. Snopek estaba a cargo de la investigación y, a raíz de su relación manifiesta con Gómez, se excusó de seguir adelante en ese expediente.
Oscar Rodríguez confirmó que sobre el juez Reynoso ya existe una investigación a cargo del Juzgado Federal 1, otra encabezada por el fiscal federal Eduardo Villalba, además de las de la Procuración Nacional de Narcocriminalidad y la Procuración Nacional de Violencia Institucional, que también están interviniendo por estos casos.
"Es gravísimo que un juez federal actúe en connivencia con los narcos", planteó el representante de la APDH. "También hubo un procedimiento en el que incautaron 70 kilos de droga y por buscar y no encontrar un traductor liberaron a los narcos. Hay pruebas de que pagaron 350 mil dólares por la liberación de Sejas Rosales", aseguró Leiva.
El nombre de Reynoso tuvo repercusión nacional en abril de este año, cuando la Presidente de la Nación, Cristina Kirchner, se quejó de que la Corte Suprema no brindaba más recursos humanos al juzgado de Orán, una jurisdicción clave en la lucha contra el narcotráfico por estar en la frontera. Aquella vez, la mandataria protestó porque la dependencia contase tan solo con 22 empleados para tramitar cerca de 22.000 expedientes.
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