Después de 22 años bajo la gestión de la misma empresa, el Gobierno nacional llamó hoy a licitación pública de la concesión de la terminal porteña de ómnibus de Retiro. La decisión cuenta con la firma de la presidente Cristina Kirchner, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y el ministro de Transporte, Florencio Randazzo.
La convocatoria, publicada hoy en el Boletín Oficial con el decreto 2039/2015, se produce luego de que venció en septiembre el contrato contraído con TEBA. Si bien la compañía continuará controlando y explotando la central de colectivos hasta el 31 de mayo de 2016 - se prorroga la prestación automáticamente para que siga en pie el servicio-, el Poder Ejecutivo inició el trámite para designar al próximo adjudicatario.
La concesión de la terminal incluye varias obligaciones para la empresa o grupo que resulte escogido en el proceso licitatorio, como su administración, mantenimiento, limpieza, seguridad, explotación comercial, planificación y control del transporte de pasajeros, entre otras tareas.
El contrato arrancó el 9 de agosto de 1993, en tiempos del gobierno de Carlos Saúl Menem. Aquella vez, el convenio se firmó con Hugo Bunge Guerrico, entonces titular de TEBA, y tuvo un plazo que se fijó en doce años.
Ya con Néstor Kirchner en la Presidencia, el ex mandatario fallecido acordó el 29 de septiembre de 2005 una prórroga de la prestación de la terminal con TEBA por otros diez años más. Es aquel acuerdo que venció el mes pasado y que ahora obliga al Poder Ejecutivo buscar un nuevo oferente.
Si bien se trata de un "fin de ciclo", no hay nada que impida que la compañía vuelva a ser designada al frente de la terminal. La firma cuenta con varias concesiones de las centrales de colectivos del interior del país y tiene una experiencia en el rubro que suele ser considerada a la hora de resolver una adjudicación de servicios públicos.
La empresa, sin embargo, tiene sus puntos oscuros. Fue una de las partes involucradas en las maniobras de corrupción protagonizadas por el ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime, y que hoy podría recibir una condena por sus actos espurios en el Estado.
Según consta en la investigación judicial, la empresa pagaba mensualmente el alquiler del departamento en el que vivía el funcionario en Avenida Libertador al 600. La maniobra es sumamente sospechosa: Jaime era el encargado de controlar a TEBA en sus prestaciones en la terminal, por lo que se presume que se trató de una coima.
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