El caso de Luis María Cabral funcionó como un disparador que potenció los reparos de buena parte del Poder Judicial contra la ley de subrogancia. El desplazamiento del juez de de la Sala I de la Cámara de Casación, promovida por el oficialismo desde el Consejo de la Magistratura, abonó los planteos sobre la discrecionalidad que muchos le atribuían a la norma.
El propio Cabral solicitó una medida cautelar ante la Justicia para que se lo restituya su cargo. Ante un primer fallo adverso, apeló. También legisladores del PRO ensayaron un camino similar. En paralelo, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires presentó otra demanda, esta vez dirigida directamente contra la Ley 27.145.
En el escrito, que lleva la firma del titular del colegio, Guillermo Lipera, plantea la inconstitucionalidad de los primeros dos artículos de esa norma, que habilita al Consejo de la Magistratura a disponer, con mayoría simple, de subrogantes y conjueces en distintos cargos. Tanto para nombrarlos como para correrlos.
"Mediante dicha actuación estatal se ha dispuesto un régimen ilegítimo e inconstitucional para la designación y remoción de jueces subrogantes", aprecia el documento.
El planteo, que tramita en el juzgado que comanda Claudia Rodríguez Vidal y contiene una medida cautelar, alude en particular a lo ocurrido con Cabral y sostiene que la normativa reviste gravedad institucional. "Es que se encuentra en juego nada menos que la debida conformación del Poder Justicial", argumenta.
"Queda demostrado que la conformación, la constitución y el funcionamiento del Poder Judicial han sido profundamente alterados por la resolución atacada, la cual se encuentra viciada de inconstitucionalidad y nulidad absoluta y manifiesta", afirma.
Los alcances de la ley de subrogancia fueron cuestionados ayer durante por los titulares de las cámaras federales de todo el país en un encuentro con el titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti. El máximo tribunal avisó que no se expedirá sobre el caso de Cabral por la vía administrativa –tal como lo requirió el fiscal Raúl Pleé–, pero sí le llega un planteo por el camino correcto.