Pablo Mansilla era el fiscal federal ad hoc de Río Gallegos en diciembre de 2013. El 20 de diciembre de aquel año le dio impulso a una investigación judicial originada por una autodenuncia del empresario kirchnerista Lázaro Báez.
Como medida preventiva Báez se autodenunció en Santa Cruz a partir de una serie de notas publicadas en el diario La Nación donde se establecía que sus empresas habían pagado por habitaciones en los hoteles de la familia Kirchner sin que fueran efectivamente ocupadas.
Luego de que el diario revelara una clásica maniobra de lavado de dinero, el empresario sureño se presentó ante el juzgado federal de Río Gallegos y denunció el hecho. El fiscal Mansilla impulsó la investigación aunque manifestó sus dudas sobre la competencia de los tribunales de Santa Cruz para tratar el caso.
En 2014 la diputada Margarita Stolbizer denunció -entre otros delitos- la posibilidad de que haya existido lavado de dinero entre Báez y la empresa Hotesur. El caso quedó en manos del juez Claudio Bonadio y del fiscal Carlos Stornelli. Se presentaron como imputados en la causa Romina Mercado, presidente de Hotesur y sobrina de Cristina Kirchner, Osvaldo Sanfelice, socio de Máximo Kirchner, y también Báez.
La defensa de Mercado intentó sin suerte apartar a Bonadio de la causa. Cuando Casación le negó esa posibilidad a Mercado entró en escena Sanfelice -que fue presidente del directorio de Hotesur- y pidió que la causa pasara al juzgado federal de Río Gallegos, Santa Cruz, porque -entre otros motivos- las empresas investigadas son de allí. Mercado respaldó el pedido de Sanfelice. El fiscal Stornelli se opuso al pase de jurisdicción y aún tiene que expedirse Bonadio.
El dictamen que Mansilla le presentó en 2013 a la jueza subrogante Andrea Askenazi Vera -al que accedió Infobae en fuentes judiciales- tiene algo más de cinco páginas de extensión. A manera de introducción Mansilla señala "que se inician los presentes con motivo de la presentación de Lázaro Antonio Báez, quien dice que viene siendo denostado públicamente por sendos grupos económicos, propietarios de medios de comunicación, que actúan para atribuirle hechos delictivos". Luego Mansilla glosa todas las notas publicadas por el periodista Hugo Alconada Mon donde cuenta la operatoria entre las empresas de Báez y la firma Hotesur, propiedad de la presidente Cristina Kirchner y su familia.
Hasta que escribe su conclusión. En las líneas finales del escrito resume: "...sin perjuicio de la competencia territorial, formulo requerimiento penal de instrucción, ante la presunta comisión de delitos de acción pública y solicito como medida útil, a más de la que V.S. disponga, se requiera al diario
copia de todos los documentos utilizados, en la investigación periodística de Hugo Alconada Mon que motivara las publicaciones en el diario
vinculada a los pagos realizados por Báez a Néstor y Cistina Kirchner". Es allí donde quien allá por 2013 era fiscal deja entrever que tal vez el juzgado de Santa Cruz no tenga competencia para investigar el caso.
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