Antonio "Jaime" Stiuso, el ex agente de inteligencia acusado por el Gobierno de ser artífice de la denuncia que hizo Alberto Nisman antes de morir, fue denunciado semanas atrás por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, entre otros delitos. La presentación corrió por cuenta de la fundación La Alameda y ahora el fiscal Ramiro González requirió abrir una causa.
Además de Stiuso, el fiscal pidió investigar a otras 55 personas, entre las cuales hay otros ex espías y empresarios presuntamente vinculados a ellos. También solicitó que se indague sobre la actividad de unas 85 empresas –algunas radicadas en el exterior–, presuntamente utilizadas para lavar fondos reservados para la ex SIDE.
En su pedido, González requirió a la juez Sebastián Casanello una treintena de medidas de prueba.
En la denuncia realizada por el titular de La Alameda, el legislador porteño Gustavo Vera –quien además sostuvo que Stiuso espió al entonces arzobispo Jorge Bergolgio a pedido de Néstor Kirchner– se menciona por ejemplo a la empresa "American Tape SRL", creada en 1995 y dedicada formalmente a la producción, importación y distribución de elementos de audio y video, actividad que habría sido una pantalla para blanquear dinero.
Oscar Parrilli, titular de la nueva Agencia Federal de Inteligencia (AFI), informó días atrás que ninguna de las compañías señaladas por Vera fue creada por el organismo. Además, desclasificó los legajos de Stiuso y del resto de los ex espías denunciados y los envió a tribunales.
"Tenemos la sospecha de que esto no es solo lavado de dinero de fondos reservados, sino que hay vinculación con el narcotráfico de parte de los agentes de inteligencia", había dicho el legislador a la agencia DYN tras la decisión de Parrilli.
Fuentes judiciales comentaron que el fiscal González entendió que ante las denuncias se estaba frente a un "complejo entramado" financiero que requería ser investigado y así dispuso que se abra una causa. Entre las medidas que le reclamó a Casanello figura la solicitud de informes a entidades bancarias, financieras y organismos públicos como la Inspección General de Justicia (IGJ).
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