Decepcionados por lo que consideran una tentativa del Gobierno mexicano por cerrar prematuramente las pesquisas sobre la desaparición de 43 estudiantes en el estado de Guerrero, los padres de las víctimas se aprestan a llevar su lucha a foros internacionales.
Una representación de los padres de los estudiantes que desaparecieron el 26 de septiembre pasado en el sureño estado de Guerrero viajará el próximo sábado a Ginebra para denunciar al Gobierno mexicano ante el Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada.
El vocero de las familias de los desaparecidos, Felipe de la Cruz, dijo a una emisora de radio local que la delegación estará integrada por dos padres de víctimas y una abogada del centro de derechos humanos Tlachinollan.
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"No nos vamos a quedar sentados", dijo De la Cruz, después de que la fiscalía mexicana asegurara el martes que había comprobado "científicamente" y "a plenitud" que los 43 alumnos de la escuela rural para maestros fueron asesinados e incinerados por miembros del crimen organizado.
Los padres dieron ayer una conferencia de prensa en la que repudiaron la conclusión oficial.
"No vamos a permitir que cierren las investigaciones con la sola declaración de los asesinos" ante las autoridades, apuntó De la Cruz, para amenazar luego con mantener su lucha hasta que se demuestre "de manera científica" lo ocurrido.
Por su parte, el abogado de las familias, Vidulfo Rosales, del centro Tlachinollan, informó de la denuncia que se presentará a principios de febrero ante el Comité contra la Desaparición Forzada.
"México tiene responsabilidad internacional de cara a los derechos humanos y tendrá que ser revisado por organismos internacionales de derechos humanos", apuntó.
El letrado calificó de "grave" que el fiscal general, Jesús Murillo, presentara sus conclusiones solo a "unos días" de la llegada de los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) designados para dar asistencia técnica en la investigación del caso.
La Fiscalía debe llevar a cabo una investigación, amplia, exhaustiva y profunda para "conocer la verdad de los hechos", apuntó Rosales, quien atribuyó a motivos políticos "la prisa" para cerrar el caso con muchos puntos aún por esclarecer.
El 7 de junio se elegirán 500 diputados federales, los Gobiernos de nueve estados y 1.532 funcionarios locales
En nombre de los compañeros de los estudiantes desaparecidos, David Flores consideró que "hay un interés político grande, que son las elecciones, y quizá (las autoridades) tienen la esperanza de que aceptemos la supuesta realidad".
El 7 de junio se efectuarán comicios en que los mexicanos elegirán 500 diputados federales, los Gobiernos de nueve estados y 1.532 funcionarios locales.
Este miércoles la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos informó de que México será revisado por primera vez por el Comité contra las Desapariciones Forzadas en una reunión que se efectuará en Ginebra (Suiza) del 2 al 13 de febrero.
El Comité, que vigila la implementación de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, sostendrá un diálogo con una delegación del Gobierno mexicano el 2 y 3 de febrero.
Por su parte, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González, dijo que el caso de los estudiantes desaparecidos no es un expediente cerrado porque hay "muchas actuaciones por llevar a cabo" y, por tanto, no debe hablarse de conclusión.
La CNDH considera "abierto ese expediente y hace sus propias investigaciones en el terreno de violación de los derechos humanos", indicó.
El propio Murillo reconoció el miércoles que faltan "muchas cosas" por aclarar en torno a la desaparición de los estudiantes a manos de policías corruptos y miembros del cártel Guerreros Unidos en Iguala.
Murillo enfatizó que el caso no está cerrado pues aún se deben ejecutar al menos seis órdenes de aprehensión, integrar varias investigaciones e imputar a funcionarios por desaparición forzada, un delito en el que quiere ser "cuidadoso" para evitar que las acusaciones fracasen.
Según la investigación oficial, el 26 de septiembre pasado los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa fueron atacados a tiros por órdenes del entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca, para evitar que arruinaran un acto de su esposa.
En el tiroteo murieron seis personas, incluidos tres de los alumnos, y 43 fueron detenidos y entregados a miembros de Guerreros Unidos, quienes los asesinaron e incineraron sus restos en un vertedero de basura.
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