Las promesas de urbanización de villas en San Isidro parecen haber quedado sólo en eso, promesas. Pero ahora se suman sospechas de corrupción con fondos nacionales que recibió el Municipio para la construcción de viviendas, y un fiscal decidió impulsar una investigación que tiene en la mira al intendente Gustavo Posse.
En 2005 el gobierno nacional lanzó el programa "Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios" en el marco del Plan Federal de Viviendas. Una inversión de 550 millones de pesos para la construcción de 16.000 viviendas en 27 asentamientos precarios situados en distintas localidades bonaerenses, entre las cuales se cuenta el Partido de San Isidro.
Respecto a esa zona, en 2005 se habrían licitado obras por $170.880.580; en 2006, de $148.123.870 y en 2007 de $91.848.200: una suma total de $410.852.650.
Pero a la paralización de obras en 2005, la concejal Marcela Durrieu acusó de varias irregularidades en la intentada urbanización de las villas. Según denunció, no sólo no se construyó el total de casas previstas, sino que además, una gran cantidad de familias habitan en "viviendas transitorias", donde viven en peores condiciones que antes del inicio del Plan Federal de Viviendas.
También denunció sospechas en el destino real que tuvieron los fondos del plan, y que algunas de las empresas constructoras que intervinieron guardan relación con los acusados. Entre ellos estaría quien fuera subsecretario de Obras Públicas de San Isidro, Fernando Romero.
Según denunció la concejal, Romero pasó de tener una "simple pollería" a "manejar un holding de empresas constructoras de proyección multinacional". En ese sentido, Durrieu aseguró que existe relación del funcionario con las empresas Constructora Pilar SRL; Construcciones Ecológicas SA; Syrah Global; Baunnion SA, Ineco SA; Cesa SA; y Fundación Weitz Center Internacional. Incluso algunas de las mismas estaría conformada por el entorno familiar del funcionario ahora investigado.
El fiscal Jorge Di Lello, quien impulsó la investigación, tuvo en cuenta un informe elaborado por la Defensoría del Pueblo de la Nación a partir de dos inspecciones en la Villa "La Cava", en febrero del 2014.
"La visita y el testimonio de vecinos del barrio respecto de la ejecución del Plan Federal de Viviendas describen un estado de situación alarmante", sostiene el informe, en el cual además se dejó constancia de los problemas de infraestructura en la construcción de las viviendas, en la ocupación de tierras destinadas a tal efecto y viviendas sin terminar, entre otras cosas. También en la causa consta un informe elaborado por Gastón Chillier, director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Ahora, Di Lello pidió emprender una investigación contra el intendente Posse; el secretario de Gobierno, Héctor Prassel; el ex subsecretario de obras Romero; y la hermana de éste, Luciana. También contra los que integran muchas de las firmas sospechadas.
Di Lello, en un requerimiento hecho a fines de diciembre pero que recién hoy se conoce, pidió varias medidas de prueba. Una de ellas, la realización de un peritaje con la intervención de expertos de la Corte Suprema de Justicia, en los barrios precarios "La Cava"; "La Cava Chica"; "Sauce"; "San Cayetano"; "Santa Ana", "Boulogne" y "Uruguay", de San Isidro, para constatar entre otras cosas el estado actual de evolución del Plan de viviendas, y cuántas casas se construyeron en total.
También que el Cuerpo de Peritos contadores de la Corte determine si en la instrumentación del Plan de Viviendas se ha generado algún perjuicio económico al Estado, y en el caso que se especifique. A la Sindicatura General de la Nación, el fiscal pidió si realizaron algún estudio relacionado con el PFV iniciado en el año 2005, y particularmente en cuanto al Programa Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios en el Municipio de San Isidro.
Por último, que sean citados a declarar como testigos el ex Defensor del Pueblo de la Nación Eduardo Mondito; y se le amplíe a la concejal denunciante Durrieu.
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