El acuerdo para que el Ejército brasileño continúe custodiando las favelas de Río de Janeiro fue suscrito hoy entre el gobernador carioca Luiz Fernando Pezao y los ministros de Justicia, José Eduardo Cardozo, y de Defensa, Celso Amorim. De esta forma, 2.500 soldados serán mantenidos en el conjunto de favelas, al menos, por otros seis meses para garantizar la seguridad de las 130.000 personas que allí viven y de los alrededores, mientras la Policía asume el control.
El plazo de permanencia de los militares en las barriadas pobres vencía este mes, pero la Gobernación de Río de Janeiro solicitó un aplazamiento debido a que la región aún sufre ataques de pistoleros y a que no cuenta con un número suficiente de policías formados para sustituir a los soldados. El acuerdo prevé que la policía comience a sustituir al Ejército el 2 de abril en un proceso gradual que se extenderá hasta el 30 de junio.
Esta fue la tercera ocasión en que el gobierno de Dilma Rousseff prorrogó la permanencia de soldados en las favelas del Complexo da Maré. "La Gobernación tuvo un problema con el concurso que abrió para contratar a nuevos policías y carece del efectivo suficiente para cumplir el cronograma original. Establecimos un nuevo cronograma de transición más realista", afirmó el ministro Cardozo en una rueda de prensa.
Cuando se retire el Ejército, entre 1.400 y 1.500 policías velarán por la seguridad
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De acuerdo con el gobernador de Río de Janeiro, cuando concluya el proceso de transición y los militares desocupen la región, entre 1.400 y 1.500 policías serán responsables de garantizar la seguridad en la Maré. "Tan sólo con la cooperación (de los militares) podemos avanzar en el combate contra la criminalidad en Río. Sin seguridad en las favelas no tendremos desarrollo económico ni entrarán los profesores o los médicos a esas barriadas", afirmó Pezao.
El Complexo da Maré, localizado en un lugar estratégico de la ciudad de Río de Janeiro, atravesado por tres importantes avenidas y a pocos kilómetros del aeropuerto internacional, fue ocupado por las autoridades dos meses antes del inicio del Mundial de Fútbol que Brasil organizó este año. Compuesto por 15 favelas, era considerado como el último gran bastión del narcotráfico en Río de Janeiro hasta abril pasado, cuando 1.200 policías, apoyados por 21 blindados militares, ocuparon las barriadas.
Los militares saldrán de esas comunidades cuando el gobierno regional de Río de Janeiro instale en esas barriadas una Unidad de Policía Pacificadora (UPP), como son conocidos los cuarteles policiales permanentes que la gobernación ha abierto en favelas antes dominadas por bandas de narcotraficantes. La instalación de las UPP, reforzada con inversiones en infraestructura, educación y salud, forma parte de una política de seguridad pública iniciada por el gobierno de Río de Janeiro en 2008 para expulsar a los narcotraficantes de las favelas de la ciudad antes de los Juegos Olímpicos que Río organizará en 2016.
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