El abogado constitucionalista Eduardo Barcesat, defensor de Hebe de Bonafini, denunció por sedición a al menos ocho senadores que firmaron un documento comprometiéndose a no tratar el pliego de un eventual reemplazante de Eugenio Zaffaroni en el caso de que la presidente Cristina Kirchner lo envíe al Senado. La causa quedó en manos de la juez María Romuilda Servini de Cubría, con intervención del fiscal Rívolo.
El documento fue firmado por 28 senadores opositores, por lo que la denuncia es contra ocho, pero señala que podría ampliarse la cantidad de imputados a todos aquellos que hayan firmado el acuerdo, según surja de las pruebas que recoja la magistrada.
"Ha tomado estado público la iniciativa, ya concretada, de senadores nacionales, para operar una connivencia delictiva a fin de impedir que el Poder Ejecutivo Nacional cumplimente la manda constitucional" de cubrir la vacante en la Corte, embistió Barcesat añade que la decisión de los senadores opositores "denigra la jerarquización constitucional de los partidos políticos que son instituciones fundamentales del sistema democrático". "Las vacancias son para ser cubiertas no para convertirse en escenario de impedimento de la integración de otro de los poderes que conforman el gobierno federal", resumió Barcesat.
El documento firmado el miércoles es un compromiso para "rechazar el tratamiento de cualquier solicitud de acuerdo para la designación de jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación hasta tanto finalice el próximo proceso electoral en virtud del cual se elegirá el nuevo presidente de la Nación y se renovarán parcialmente ambas cámaras del Congreso".
Puntualmente, Barcesat acusa a los firmantes de violar el inciso 2 del artículo 230 del Código Penal, que reza que "serán reprimidos con prisión de uno a cuatro años: (...) los que se alzaren públicamente para impedir la ejecución de las leyes nacionales o provinciales o de las resoluciones de los funcionarios públicos nacionales o provinciales, cuando el hecho no constituya delito más severamente penado por este código".
Los ocho denunciados son Ernesto Sanz, Gerardo Morales, Carlos Reutemann, Fernando Solanas, Juan Carlos Romero, Diego Santilli, Gabriela Michetti y Luis Juez.
La integración de la Corte Suprema de Justicia de la Nación quedó en discusión cuando, tras la muerte de Carmen Argibay y Enrique Petracchi, Eugenio Zaffaroni confirmó su renuncia a partir de enero, con lo que quedó abierta una vacante.
Ayer, el senador chubutense Mario Cimadevilla dijo a Infobae TV que si bien firmó el acuerdo, podía llegar a volver a discutir el punto en el caso de que el kirchnerismo postulara a un jurista idóneo. "Habrá que hacer el análisis sobre la idoneidad de esa persona y las garantías de independencia en el manejo de la Corte que nos va a dar esa persona", dijo, pero explicó que "había que provocar un hecho político, así se lo entendió. Habían empezado a circular muchas versiones de acuerdos o entendimientos. Esto yo creo que apunta más a dejar en claro que no había absolutamente ningún tipo de acuerdo ni ningún tipo de entendimiento con el oficialismo".
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