Ayer, el Gobierno envió sorpresivamente al Congreso el proyecto de ley Argentina Digital para regular las telecomunicaciones, declararlas como servicio público y garantizar el acceso a las TIC (internet, telefonía fija y móvil y TV por cable), iniciativa que disparó un nuevo debate entre oficialistas y opositores sobre la injerencia estatal en el sector. Infobae TV consultó a expertos en la materia sobre los diferentes aspectos de la polémica ley.
Para el especialista en telecomunicaciones Martín Becerra, investigador de la UBA y el Conicet, "la Argentina necesita efectivamente una ley que regule la convergencia entre comunicaciones, audiovisual e internet". Sin embargo, señaló que "el Gobierno podría haber habilitado la convergencia (...) con una redacción de proyecto bastante más rigurosa para Telefónica, que debe haber brindado con el mejor champagne anoche".
El ingeniero Jorge Crom, asesor de la Cámara de Agentes de Telecomunicaciones Móviles de Argentina, explicó que "la ley define al complejo de las tecnologías de información y comunicaciones", pero "excede un poco lo que es puramente telecomunicaciones" y agrega el transporte de contenidos, definiéndolo como "servicio público". Esto significa que "el rol de Estado se vuelve muchísimo más protagónico", sostuvo.
Por su parte, la presidente de la Fundacion LED (Libertad de Expresión + Democracia), Silvana Giudici, afirmó que "lo que se envió ayer al Congreso es la derogación total de la ley de telecomunicaciones y la derogación parcial de la Ley de Medios".
Becerra sostuvo que la obligación de alquilar las redes a un precio que va a ser regulado por el Estado –es decir que no va a poder ser abusivo– para que otros operadores presten servicios domiciliarios dentro de esa red, "va a significar no en modo inmediato pero a mediano plazo una mejora de las condiciones de operación de este mercado". Sin embargo, Giudici consideró que "cuando vos tenés un jugador de esta escala, tan grande, tan monopólico, no podés decir con absoluta ingenuidad e hipocresía que estás abriendo las redes. Porque vas a abrir las redes de los pequeños, pero los pequeños no van a poder acceder con sus contenidos de programa local de Quemú Quemú a la red de streaming o de contenidos que va a poder transmitir la telefónica o cualquier otra empresa internacional".
Crom reconoció que, en principio, "el Estado va a tener mayor peso en todo". En palabras de Becerra, "le da a la autoridad de aplicación un alto poder de discrecionalidad, en aspectos clave en este proyecto como la mención de los actores empresariales que tienen una 'posición significativa de mercado', que es una expresión muy ambigua de este marco legal que se propone". "Si hemos discutido durante 5 años que la Afsca tenía que ser un organismo plural, que tenía que integrar a las minorías, la Corte Suprema en su fallo dijo que tiene que ser un organismo plural, ¿cómo puede ser ahora que un organismo que va a tener competencias superpuestas y no sé si superiores a la Afsca, sea solamente aquel que se le ocurra al presidente?", se preguntó Giudici.