Este miércoles se tratará en Diputados la sanción del nuevo Código Civil y Comercial unificado, cuyo cuerpo normativo se lanzó a principios del 2012 y que ya tiene media sanción en el Senado. Entre otras cosas, el proyecto contempla cambios en matrimonio, adopción, divorcio y composición de sociedades comerciales, y hasta en el artículo 765 que, para algunos abogados, implica un avance hacia la pesificación de las deudas contraídas en moneda extranjera.
Frente a todas estas regulaciones, miembros de la oposición mostraron su desacuerdo y recurrirán a la Justicia para intentar frenar la reforma. Elisa Carrió es quien encabeza este avance y presentó junto a Fernando Sánchez un recurso de amparo para que el nuevo Código no sea tratado en la Cámara baja: "Es absolutamente ilegal porque viola el principio de formación y sanción de las leyes establecido en la Constitución", consideró la diputada nacional.
En ese sentido, Carrió aseguró: "Me niego a tratar una ley que va a cambiar las relaciones privadas de todos los argentinos porque tratarla sería plegarme al antirrepublicanismo" y sentenció que el plan del Gobierno es ir "por todos y por todas: por los 40 millones".
En su presentación, la dirigente del Frente Amplio UNEN disparó críticas contra la oposición y la Iglesia por ser
del oficialismo en el tratamiento de esta iniciativa. Asimismo, instó a Julián Domínguez, presidente de la Cámara de Diputados, a que "se abstenga de convocar al tratamiento ante el pleno de esa Cámara".
"Gran parte de la oposición fue cómplice de esta forma de procedimiento porque en 2012 se creó una comisión bicameral y eso es absolutamente inconstitucional ya que no se puede formar una bicameral de Diputados y Senadores porque tienen dos roles distintos", denunció Carrió, quien explicó que la oposición "se arrepintió" "y ahora "se muestra contra el Código". Sin embargo, advirtió: "Ya es tarde".
A la Iglesia la criticó porque el proyecto se reflotó tras la reunión que mantuvo la presidente Cristina Kirchner con el papa Francisco la semana pasada en el Vaticano: "Me preocupa que la Iglesia forme parte de este lobby por fuera del Parlamento", remarcó, y sostuvo que le "molesta como cristiana".
Federico Pinedo, diputado nacional y titular del bloque Unión PRO, también mostró su preocupación por el tratamiento exprés que el kirchnerismo intenta darle al proyecto y anticipó que, de ser aprobado, concurrirá a la Justicia para que intervenga.
"Es completamente contrario a la democracia que no intervengan en el estudio de una ley los diputados que el pueblo eligió. Es absurdo pretender que se apruebe un proyecto en base al análisis que hicieron quienes ya no ocupan una banca en la Cámara baja porque venció su mandato. Además, es contrario al reglamento", sostuvo.
El diputado advirtió: "Si el kichnerismo continúa en su pretensión de darle un trámite exprés al Código Civil y Comercial, pediremos que la Justicia defienda la representación popular y deje sin efecto la sanción de un proyecto que la desconoció".
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