Al presidente de la Cámara de Importadores, Diego Pérez Santisteban, no le causó sorpresa la sentencia de la Organización Mundial de Comercio (OMC) contra la Argentina, conocida este viernes, ante las denuncias de varios países al gobierno de Cristina Kirchner por falta de transparencia y por las trabas a los productos provenientes del exterior.
"Era algo esperable, creo que el Gobierno mismo lo esperaba. Argentina estaba aplicando mal algunos instrumentos sin la resolución en tiempo y forma según lo que prevén las normas de la OMC", señaló Santiesteban, en teleconferencia con InfobaeTV.
El organismo de comercio multilateral hizo lugar a las denuncias planteadas por la Unión Europea, Estados Unidos y Japón a las reestricciones adoptadas por el país. Según el planteo de estas naciones, la Argentina no concedió licencias de forma automática a los importadores, con el objetivo de proteger su "frágil economía" necesitada de divisas.
Entre las impugnaciones, figura el rechazo a las declaraciones juradas anticipadas de importación (DJAI), el régimen que puso en marcha el ex secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, y que hasta hoy se mantiene. Según Santiesteban, este caso "es peor, porque es un instrumento en el que no existen tiempos claros y definitivos" de habilitación de ingreso de una mercancía al país.
"Son decisiones que terminan dependiendo del funcionario", comentó el representante empresario.
Ahora bien, Santisteban reconoció que con la llegada de Augusto Costa, el sucesor de Moreno, la gestión "es un poco menos discrecional de lo que era".
"El equipo de Costa ha intentado hacer esfuerzos por manejarse con criterios técnicos y no meramente fiscales. Lo que ocurre es que son 6.000 importadores, que presentan 8 mil declaraciones juradas por mes, Si no hay criterios básicos de rechazo previstos (a las solicitudes de los importadores), se hace imposible la administración", comentó.
En la opinión de Santisteban, la causa de las trabas al comercio atraviesa "transversalmente" a todos los sectores, y se originan en la falta de dólares para emprender proyectos de obra pública a largo plazo y garantizar insumos importados corrientes.
"Si la Argentina no vuelve a los mercados internacionales de crédito, es imposible seguir financiando obras de infraestructura con recursos corrientes", dijo.
Consultado sobre el proyecto de reforma de la ley de abastecimiento, que ha sido cuestionada por el empresariado por su carácter "intervencionista" en el sector privado, Santiesteban se manifestó contrario porque presenta algunas "incompatibilidades básicas".
"Ya existe una legislación que se puede aplicar, lo vemos innecesario. El proyecto tiene inconsistencias, como algunas definiciones genéricas", dijo, y ejemplificó que "cualquier bien puede ser considerado esencial", lo que abriría la posibilidad de que las empresas sean susceptibles de ser intervenidas arbitrariamente, como estar sujetas a la incautación de mercadería o cierres de establecimientos.
"La administración de la ley tiene que seguir en manos del Poder Judicial. La autoridad de aplicación no puede ejercer justicia", concluyó el representante de los importadores.
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