"Una confusión". Eso es que dijo el presidente de la Comisión Nacional de Valores, Alejandro Vanoli, sobre la intención de Cristina Kirchner de aplicar la ley antiterrorista a la imprenta Donnelley, que la semana pasada cerró y dejó en la calle a 400 empleados.
La máxima autoridad del mercado bursátil aclaró que la denuncia que instrumentará la AFIP -que investiga el juez Daniel Rafecas- es por "quiebra fraudulenta", y que podría aplicarse también el artículo 309 del Código Penal, que penaliza con prisión algunos delitos económicos y financieros cometidos por las empresas.
Vanoli indicó que ese articulado de la ley penal se aprobó en el Congreso el mismo día de la polémica norma sancionada por recomendación del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), que obtuvo duras críticas tanto del arco opositor como de las filas del propio oficialismo. De ahí derivó la "confusión". "No tiene nada que ver con ley de financiamiento del terrorismo", aclaró en diálogo con Mañana Silvestre, por radio Del Plata.
La precisión del titular de la CNV surge luego de que la Presidente anunció el miércoles pasado que ejecutaría "por primera vez" la Ley Antiterrorista para el caso de la fábrica Donnelley, ubicada en la localidad bonaerense de Garín. La mandataria informó que se presentaría una denuncia por "alteración al orden económico y financiero" contra la multinacional de la industria gráfica.
"Estamos ante un verdadero caso de un manejo fraudulento e intento de atemorizar a la población", dijo Cristina Kirchner, en un acto donde vinculó a la empresa con una "mafia internacional" encabezada por los holdouts que ganaron el "juicio del siglo" contra la Argentina, y por el cual el país está obligado a pagar u$s1.600 millones en concepto de bonos de deuda.
Además, Vanoli ratificó el mensaje presidencial al señalar que habrá una demanda contra Donnelley, cuya casa matriz tiene domicilio en Delaware, Estados Unidos, en la Securities and Exchange Commission (SEC), el organismo de contralor bursátil estadounidense.
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