"Es absurdo que un juez proponga la liberación de miles de detenidos"

, el juez del Tribunal en lo Criminal Oral 1, participó de un encuentro conjunto de las comisiones de Derechos Humanos de ambas cámaras de la Legislatura y remarcó que

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Durante su intervención, Juliano, también presidente de la asociación Pensamiento Penal, expresó: "Hemos traído de modo testimonial un pedido de conmutación de penas de ciertos delitos para disminuir la población carcelaria". Y explicó que es necesario "que la provincia de Buenos Aires sancione una ley de cupos carcelarios para evitar la superpoblación (carcelaria) y sus consecuencias".

Según su impresión, las miradas más optimistas afirman que los penales bonaerenses se encuentran superpoblados "en un 25 y 30 por ciento", las "realistas" elevan ese porcentaje "al 50 por ciento". Y contó que el proyecto que busca reducir la población carcelaria le fue presentado al gobernador Daniel Scioli.

Sin embargo, quien salió al cruce de esas declaraciones fue el ministro de Justicia de la provincia, Ricardo Casal, quien tildó de absurda la propuesta del juez de Necochea. "Resulta extraño que un juez responsable de encarcelar le pida al Ejecutivo que conmute penas", opinó el ministro.

"Se trata de una propuesta que subvierte las decisiones de la justicia y va a contramano de lo que espera la sociedad", continuó Casal, quien dijo que es "preocupante" que un magistrado del que se espera prudencia, no confíe en el criterio de los legisladores ni en el propio poder judicial al que pertenece.

"La conmutación de penas es de aplicación absolutamente excepcional y este gobierno jamás la utilizará del modo propuesto por este magistrado, que es equivalente a una amnistía general", declaró. Incluso, señaló que "en la gestión del gobernador Scioli ha incorporado más de 9.000 nuevas plazas penitenciarias; se han logrado los niveles más bajos de las últimas tres décadas en la cantidad de detenidos en comisarías; se ha dado cumplimiento a las obligaciones de fallos nacionales y recomendaciones internacionales; y se han creado dos nuevos modelos de detención que la propia ONU ha reconocido".

Para el ministro "para absorber el incremento y atender las nuevas necesidades de infraestructura carcelaria se encuentran en marcha la construcción de nuevas alcaidías y la ampliación de diversas unidades penitenciarias".

En enero pasado, Juliano fue centro de una polémica cuando suspendió una sanción sobre un recluso al que se le había encontrado un teléfono celular en la celda. Según explicó en su momento, "la posesión de un teléfono celular no se encuentra estrictamente tipificada en la normativa como configurativa de una falta sancionable... pretender que la posesión de un teléfono celular sirva como elemento de 'perturbación del orden y la disciplina' o que facilite la comisión de delitos o quebrante la seguridad del establecimiento no son conclusiones que puedan ser presumidas".

Incluso, sobre los casos de linchamiento que ocurrieron en los primeros meses del año, deslizó que podría pedirse hasta la prisión perpetua para quienes fueran parte de ellos: "Es un delito gravísimo, aunque la víctima haya sido un delincuente. Quienes lo cometan pueden sufrir hasta perpetua".

El juez destacó que "el linchamiento no entra en la figura de legítima defensa". En charla con Infobae TV sostuvo que "los vecinos no están defendiendo ningún interés propio, realmente esto es un acto criminal".