Denuncian que desde el 2009 el gasto del Fútbol para Todos se incrementó en más de un 200%

Lo reveló Silvana Giudici, presidente de la Fundación LED, tras conocerse que el programa financió la pelea de Maravilla Martínez. "La Auditoría General debe controlar la plata que se le da a la AFA", advirtió

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Nicolás Stulberg
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Ayer trascendió que los derechos de transmisión, unos $25 millones, de la pelea del año pasado entre Maravilla Martínez y el inglés Martín Murray fueron pagados con fondos del programa Fútbol para Todos. A partir de esto, la presidente de la Fundación Libertad de Expresión + Democracia (LED), Silvana Giudici, reveló que "desde que se firmó el acuerdo con la AFA en el año 2009, el gasto del programa incrementó en un 223%".

"Vengo reiterando desde el año 2011 que la Auditoría General de la Nación (AGN) debe controlar la plata que se le da a la AFA. El Congreso debería hacerse eco de esta propuesta para que haya una ley que obligue, mientras exista giro de dinero público a la AFA para Fútbol para Todos o a otro evento deportivo como las peleas o el automovilismo, a que la Auditoría y el Congreso de la Nación, en una comisión especial, hagan un seguimiento del destino de los fondos", manifestó.

En este sentido, la ex diputada nacional detalló las asignaciones que recibió el programa a lo largo de los años: "Pasó de $648 millones para el año 2010 a $1.512.088.910 millones para el 2013 y un presupuesto aprobado de $1.410.026.837 millones para el 2014 con una ampliación del 16 de julio de 2014 de $37 millones de pesos más".

"Hemos denunciado también la contratación directa de la Productora La Corte vinculada a la televisación del Fútbol para Todos. Ante la falta de información oficial, desde el año 2012 a la fecha, hemos realizado cuatro pedidos de acceso a la información pública al jefe de Gabinete de Ministros de acuerdo al Decreto 1172/03", explicó Guidici.

Sin embargo, cuestionó que "las respuestas han sido incompletas e instatisfactorias" y enfatizó que es información que debe ser pública: "Se trata del destino de fondos públicos y el Estado tiene el deber de garantizar la transparencia en su ejecución; más allá de la causa judicial que investiga la jueza Servini de Cubría, el Gobierno tiene la obligación constitucional de brindar la información", concluyó Giudici.