Cuando Kicillof impulsó la reforma de la Carta Orgánica BCRA, en marzo de 2012, logró un mayor financiamiento de la autoridad monetaria al Tesoro Nacional. Sobre esa base, desde la oposición y algunos gobiernos provinciales suponen que podría hacer lo mismo con YPF, como ocurrió en los 70 y 80, hasta que la empresa fue privatizada.
Hay que considerar que el Plan Maestro de YPF tiene una meta de financiamiento desde el exterior para Vaca Muerta por unos 5.000 millones de dólares, pero hasta ahora sólo pudo captar 1.000 millones. De ahí que si ingresaran los restantes 4.000 millones de dólares se teme que el Gobierno podría decidir tomar para cubrir sus necesidades de caja si la situación generada por la disputa con los holdouts provoca un estrangulamiento del crédito externo.
Aseguran que el objetivo es potenciar las inversiones y las reservas de petróleo y gas
El proyecto de ley de hidrocarburos que ingresará en los próximos días al Senado tiene varios puntos conflictivos:
1) La eliminación del sistema de acarreo o carry entre la empresa privada y las provincias para nuevas adjudicaciones de áreas a explotar que ha provocado una rebelión de los gobiernos de las provincias de Neuquén, Mendoza, Chubut, y Santa Cruz que forman parte de la Organización de Federal de Provincias Productoras de Hidrocarburos. Esto provocó ya que el Gobierno de Cristina Kichner decidiera la semana pasada dejar fuera a estas cuatro provincias del Programa de Refinanciación de Deudas Provinciales anunciado el jueves pasado.
2) El proyecto plantea la intención del gobierno nacional de quitarles a las provincias la propiedad del territorio donde se ubiquen los nuevos yacimientos. En particular en Vaca Muerta donde la más afectada es la provincia de Neuquén.
3) El proyecto presentado el 12 de julio a las empresas privadas es impulsado por Axel Kicillof y el titular de YPF, Miguel Galuccio, y para ese fin el ministro nombró como secretaria de Energía a la camporista Mariana Matranga, en reemplazo del desplazado Daniel Cameron, quien no estaba de acuerdo con el proyecto pero además ha sumado al nuevo subsecretario de Combustibles Gaston Ghioni.
4) El proyecto indica que la eliminación del contrato compartido con carry (acarreo) entre la empresa privada y la provincial sólo regirá para las nuevas adjudicaciones de áreas a explotar y no para todos los proyectos. Esto implica la desaparición de las empresas provinciales de Energía y además que los gobiernos provinciales no se pueden asociar con una compañía privada, en cambio el estado nacional si.
En la actualidad rige la Ley 17.319 que regula la actividad, pero según fuentes cercanas a Kicillof esta desactualizada en particular "porque no considera las necesidades de la explotación no tradicional, como el shale-gas y el off-shore", indican fuentes oficiales.
De ahí que en los considerandos indica que "El proyecto de ley busca como objetivo maximizar las inversiones y aumentar las reservas y la producción de petróleo y gas". En eso es fundamental el papel de la nueva YPF. "También buscará mejorar los precios toda la cadena de valor de los hidrocarburos", afirman fuentes del Gobierno.
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