Para el director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, el informe Castigados por Protestar que el organismo dio a conocer el último 5 de mayo debería contribuir al debate sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela.
Según el diario El Nacional, el activista espera que el documento sea tenido en cuenta cuando el Comité de DDHH de las Naciones Unidas evalúe el cumplimiento por parte del gobierno de Nicolás Maduro de las obligaciones que le impone el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
"Especialmente en los últimos meses, Venezuela tiene una conducta deplorable en el ámbito de la protección y el respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos", advirtió preocupado Vivanco, quien recalcó que los problemas en el país son estructurales. Como ejemplo de ello están las denuncias acerca de la falta de independencia del Poder Judicial, la discriminación por motivos políticos y la carencia de libertad de expresión.
La grave situación de Venezuela amerita la atención de los órganos correspondientes
"El Comité verifica si los Estados que han ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos cumplen las disposiciones de dicho instrumento internacional. El examen es realizado por expertos independientes y su ámbito de acción es universal. Hacemos hincapié sobre la situación de algunos países que nos parecen apremiantes y Venezuela está en esa categoría. Es deplorable la situación de los derechos humanos en el país; una situación grave que amerita atención de los órganos correspondientes", alarmó el director de HRW para la región.
Sin embargo, explicó que el "hay gobiernos que no concurren y son reticentes a cooperar. El Comité no tiene una policía o política que obligue a asistir".
La gravedad de la situación en Venezuela respecto a los derechos humanos podría llevar a la ONU a pedirle al gobierno de Maduro autorización para que enviados internaciones visiten el país para evaluar lo que ocurre en materia de torturas, ejecuciones sumarias e independencia judicial.
"El grupo trabaja con base en informes, tanto del Estado como de organizaciones de la sociedad civil, particularmente las dedicadas a la promoción y defensa de los derechos humanos", explicó.
Sin embargo, el poder del Comité no es menor y, en muchos casos, tiene la capacidad para revertir determinados casos. "Hay un conjunto de iniciativas que puede adoptar y puede influir significativamente en la situación de los derechos humanos", concluyó.
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