El gobierno británico defendió hasta el último renglón del reciente referéndum en las Islas Malvinas, en el que los kelpers votaron de manera casi unánime a favor de la soberanía inglesa. El premier David Cameron llegó a decir que la elección "es muy importante porque Argentina trata continuamente de ocultar la autodeterminación y pretende que las opiniones de los isleños no importan".
Sin embargo, el Reino Unido no siempre respetó este derecho, ni siquiera con poblaciones nativas. Tal es el caso de la isla Diego García, en el Océano Índico. Sus 2 mil habitantes fueron expulsados por el ejército inglés en 1971 para alquilársela a los Estados Unidos, que instaló una base militar.
La presión internacional, judicial y política llevó a que en 2010 el gobierno británico estableciera esa zona como una reserva marina protegida. Sin embargo, algunos cables filtrados por WikiLeaks sugieren que el verdadero objetivo de Londres fue "evitar un reasentamiento".
En ese marco, el Grupo de Refugiados de Chagos (CRG), que nuclea a los sobrevivientes de la población original expulsada y sus descendientes, denunció ante la Justicia inglesa que esa decisión fue otra maniobra para impedirles regresar a su hogar, ya que son un pueblo esencialmente pesquero. Pero el tribunal británico rechazó el planteo y afirmó que la decisión de Londres "es compatible con las leyes de la Unión Europea (UE)", al tiempo que negó el uso de cables de WikiLeaks como elemento de prueba.
"Es decepcionante para los chagosianos, algunos de los cuales no podrán ser capaces de sobrevivir si se nos saca nuestro derecho a la pesca, el único vínculo que nos queda con nuestra patria desde que el Reino Unido nos expulsó ilegalmente", señaló el CRG en un comunicado. Y aclaró que la base militar estadounidense "causó enormes daños en los corales, destruyó vegetación y produjo derrames de petróleo en reservorios de agua dulce".