La investigación comenzó a partir de una denuncia realizada por el Ministerio de Seguridad, paralela a la que la cartera que conduce Nilda Garré había hecho por irregularidades en el tratamiento de las liquidaciones salariales de la fuerza.
Además de esos siete funcionarios de Gendarmería, Di Lello también imputó a cuatro personas pertenecientes a la empresa Combustibles Integrados SRL, uno de los cuales es hijo de uno de los funcionarios de Gendarmería denunciados.
La presentación judicial, radicada días después de que la ministra ordenara intervenir el área jurídica de Gendarmería, indicaba que "el personal denunciado habría favorecido desde 2009 a la empresa Combustibles Integrados SRL, con vinculaciones familiares dentro de la Gendarmería, adjudicándole contratos para la adquisición de combustible a granel, repuestos para vehículos y reparaciones de edificios y ascensores", según se informó en un comunicado.
La causa cayó en el Juzgado Federal N° 4 a cargo de Ariel Lijo.
Seis de los siete agentes comprendidos en esta denuncia, entre ellos Schenone, se encuentran imputados en la causa por irregularidades en el tratamiento de las liquidaciones salariales, en la que interviene el juez federal Marcelo Martínez de Georgi y el fiscal Guillermo Marijuan.