Un joven de 29 años que participó de las protestas contra el proyecto minero Conga en el norte de Perú murió este jueves por un disparo que le ingresó por la boca. Otro manifestante murió el miércoles con un balazo en el tórax. Y otros tres fueron muertos por armas de fuego el martes en choques con la policía.
"La situación es en extremo grave porque pareciera que para el Gobierno los conflictos se solucionan con muertos", lamentó en declaraciones a la agencia AFP Miguel Jugo, secretario ejecutivo de la ONG Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.
El directivo indicó que lamentaba que las fuerzas de seguridad hayan utilizado "el recurso de la fuerza y sus armas de fuego contra la población". Y consideró que el Ejecutivo debería dejar de lado "el formato de aplicar el estado de emergencia para someter a la población", con una fuerte represión policial y militar en las calles.
Al cumplir un año en el poder -el próximo 28 de julio- Humala ha decretado tres veces el estado de emergencia ante problemas sociales, fundamentalmente vinculados a la minería. Es la segunda ocasión en que el régimen de excepción se aplica en Cajamarca, luego que en noviembre fue impuesto por protestas contra el proyecto minero Conga, de la compañía estadounidense Newmont, que es el mismo conflicto que afecta actualmente en la provincia. En tanto, a fines de mayo se decretó en la provincia surandina de Espinar ante masivas protestas contra la minera suiza Xstrata, que se saldaron con dos muertos.
La Defensoría del Pueblo de Perú informó recientemente que la lista de muertos en protestas alcanzaba a 10 personas a principios de mayo. Luego se sumaron los dos fallecidos en Espinar y los cinco de esta semana en Cajamarca.
Amnistía Internacional pidió al Gobierno peruano que "frente a las protestas sociales instruya y disponga la prohibición a las fuerzas policiales de emplear armas de fuego, salvo que sea estrictamente inevitable para proteger la vida".
Al respecto, el director de la Policía Nacional peruana Raúl Salazar sostuvo este jueves que la fuerzas represivas no está usando municiones letales contra los manifestantes. "El tema es que entre el grupo de manifestantes viene gente infiltrada que posee armas de fuego", señaló.
"Las fuerzas del orden repelieron con gases lacrimógenos y cartuchos de goma, pero ellos (los manifestantes) han disparado con armas de fuego", se defendió por su parte el ministro del interior peruano, Wilver Calle, al refutar críticas por el accionar represivo contra las protestas.
Organizaciones humanitarias piden se respeten las normas internacionales en cuanto a la libertad de manifestación y han reclamado al Gobierno una investigación exhaustiva e imparcial de los hechos ocurridos el martes en la provincia peruana de Celendín, donde enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden resultaron en cinco muertos y medio centenar de heridos, incluyendo efectivos de la policía y el Ejército.
Las provincias de Cajamarca, Celendín y Hualgayoc están bajo estado de emergencia y control militar desde el miércoles ante los disturbios contra el proyecto aurífero y cuprífero Conga. Quienes se oponen a él afirman que la compañía minera provocará un gran daño ambiental en la zona y que para obtener agua secará varias lagunas de la región.