A diferencia de otros países de América Latina, Venezuela no padece un conflicto armado ni una guerra entre cárteles o pandillas. Pero la inseguridad es la mayor preocupación de sus habitantes.
Veintidós planes de seguridad después, y tras el fracaso de once ministros, los trece años de gobierno de Hugo Chávez le valieron al país el segundo índice de homicidios más alto del continente: 57 por cada 100 mil habitantes.
Venezuela supera incluso a México, cuya tasa se mantuvo estable en 18 asesinatos por cada 100 mil habitantes en los últimos dos años, y está muy lejos de Colombia, que logró bajar ese indicador un 41,8% en dos décadas, según cifras de la ONU.
Desde 1999, fallecieron en manos de la violencia 157.808 venezolanos. En la actualidad, cada 30 minutos un ciudadano es asesinado y cada 8 horas otro es secuestrado.
"Hay varias razones por las que Venezuela se convirtió en un país violento. La primera es que los dirigentes de nuestro país no dieron el debido ejemplo. No fueron honestos, no trabajaron por la convivencia ciudadana ni por el diálogo", aseguró el criminólogo Fermín Mármol García a Infobae América. "A eso hay que sumarle la corrupción campante que existe y que se fortaleció en un sistema como el venezolano, personalista, presidencialista", agregó.
Alberto Arteaga Sánchez, un reconocido penalista venezolano, opinó que, independientemente del problema del tráfico de drogas, "el factor fundamental que explica el incremento alarmante de la inseguridad, de la violencia y del delito en general es la impunidad". "Más del 90% de los homicidios queda impune", advirtió.
Las fuerzas de seguridad venezolanas están señaladas, al igual que el propio gobierno, por sus vínculos con organizaciones narcos. Desde oficiales hasta altos mandos del Ejército son sospechados de haber trabajado para los cárteles y de haber facilitado su ingreso al país.
"Esa es una de las causas de la inseguridad. En el aspecto más directo, por la perpetración de delitos amparados por las propias fuerzas de seguridad y en segundo lugar, y de manera más amplia, por la crisis institucional que provoca, por el impulso que da ante el delincuente común, quien se dice: 'Si la policía lo hace, ¿por qué no yo?'", consideró el sociólogo Roberto Briceño León, director del Observatorio de Violencia Venezolana (OVV), en diálogo con Infobae América.
El abogado penalista reconoció que, más allá de la corrupción en los órganos encargados de la seguridad ciudadana y de la Justicia penal, el otro problema es que sus empleados carecen de recursos humanos y materiales. "Por ello, y por los altos niveles de politización, se encuentran impedidos de cumplir a cabalidad con sus tareas", indicó.
En lo que va del año, al menos 40 funcionarios policiales fueron asesinados sólo en la zona del Gran Caracas. De las víctimas, 17 murieron en enfrentamientos donde el objetivo de los delincuentes fue robarles su arma reglamentaria.
Consultado sobre la formación y capacitación de los policías, Briceño León consideró que si bien existe algo de ineptitud en el accionar policial, no puede adjudicársele la causa central de los problemas. "No podemos pensar que ahora los policías desaprendieron lo que sabían. El propio ministro (de Interior y Justicia, Tarek El Aissami) tiene una buena y adecuada formación, el problema es de tipo político e ideológico", afirmó.
Marmol García, que asesoró al candidato presidencial de la oposición, Henrique Capriles, en su programa de seguridad, coincidió: "La función policial no se reivindicó, un agente del cuerpo preventivo gana lo mismo que un obrero. Los salarios son malos y padecen un déficit de tecnología y de personal importante".
"Ha existido una desmoralización de la policía, una politización y desarme parcial, como ocurrió en los estados controlados por la oposición", agregó Briceño León. "El problema es que las autoridades creyeron que deben hacer sólo prevención y no usar la fuerza porque eso es una medida de 'la derecha'. Esa confusión ideológica hace que las capacidades que puedan tenerse no sean usadas".
Según estadísticas de la oposición, la situación de la seguridad en Venezuela es deficitaria. En materia de prevención del delito se requiere duplicar la cantidad de agentes; el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) tiene un déficit del 300%, mientras que la cifra llega al 90% en el caso de la Justicia penal y al 70% en el de los fiscales.
Además debe considerarse que el sistema penitenciario vive un índice de hacinamiento del 350%, lo que provocó importantes motines en el último año y más de 5 mil muertos dentro de las cárceles en la gestión de Chávez.
"La seguridad ciudadana no fue prioridad en el siglo XXI. El Gobierno se dedicó a exportar su revolución, a crear alianzas políticas con los países no alineados, a vender petróleo", aseguró el criminólogo.
El uso político de la inseguridad
El presidente venezolano fue creativo o esquivo en lo que respecta a la inseguridad. Pese a su polémica declaración en la que responsabilizó al consumo de cerveza por los delitos -hace dos años- y sus denuncias de que detrás de la cifras de homicidios y secuestros se encontraba una campaña opositora para desestabilizarlo, la violencia ciudadana no aparecía entre sus prioridades.
Sin embargo, en momentos en que trabaja en la campaña de su candidatura para lograr la reelección y cuando el 70% de los venezolanos ubican al problema como la mayor preocupación, Chávez decidió tomar las riendas de las políticas del sector y diseñó el plan "Mision a Toda Vida".
El programa será lanzado en junio, estará a cargo del ministro El Aissami y sustituirá al reciente "Gran Misión Seguridad", que entró en vigor hace apenas cinco meses. La iniciativa, además de cambiar de nombre, incluye la reforma del Código Orgánico Procesal Penal.
"El grave problema de inseguridad y de la delincuencia no se va a resolver con reformas legales. El problema está en el eficaz funcionamiento de los órganos encargados de velar por la seguridad ciudadana y de administrar justicia", se quejó Arteaga Sánchez en diálogo con Infobae América.
En palabras del propio Chávez, el nuevo plan se ocupará, nada más y nada menos, que de "la prevención integral junto a la convivencia solidaria, el fortalecimiento de los órganos de seguridad, la transformación del sistema de Justicia penal y la creación de mecanismos alternativos de resolución de conflictos, la transformación del sistema penitenciario, la instalación de un sistema nacional de atención a las víctimas, y la creación y socialización de conocimiento para la convivencia y seguridad ciudadana".
"En un año electoral y ante el reclamo colectivo, se pretende ahora, apresuradamente, emprender una nueva misión. Es una respuesta tardía y en la cual no se puede improvisar", opinó el penalista venezolano.
Mármol García estimó que "no puede subestimarse al Gobierno" puesto que "junto con Cuba, es un buen analista político". "La inseguridad es una realidad apremiante, es algo que está en niveles alarmantes y el presidente trata de estar en sintonía con el pueblo", subrayó.
Por su parte, el director del OVV indicó que si bien la respuesta a la situación actual es una necesidad y un clamor de la población, "la 'Misión a Toda Vida' está formulada de una manera política electoral". "El oficialismo sabe que tiene un problema grave que lo puede afectar en la votación e intenta dar una respuesta que trasmita la idea que el Gobierno sí se ocupa. Ofrecen una compensación 'dineraria o simbólica' a las víctimas, es decir, tratan de comprar de alguna manera su dolor y su malestar o al menor neutralizar la molestia".