¿A quién le pertenece Machu Picchu?

Hace ya 100 años que el explorador estadounidense Hiram Bingham catapultó a la fama a la ciudadela inca de Machu Picchu, pero a esta maravilla del mundo todavía le queda una cuestión pendiente por resolver: determinar quién es su dueño, nada menos.

Los clanes de los Zavaleta y Abrill aseguran que tienen unos documentos que los acreditan como los legítimos propietarios de Machu Picchu y que contradicen la postura del Estado peruano, que se atribuye la titularidad del complejo amparándose en la ley vigente.

En sendas entrevistas, Roxana Abrill y José Zavaleta contaron que nada les hacía presagiar a sus ancestros, un político de la época y un importante agricultor cuzqueño, que un acuerdo privado derivaría en un "gran problema legal" casi interminable y con "poca" o "nula" voluntad política para resolverse.

Fue en 1944 cuando sus familiares se repartieron el complejo, pese a la existencia de una ley que hacía propietario al Estado peruano de los restos arqueológicos. En manos de una parte quedaron las ruinas, y en poder de la otra, el terreno.

Pero en forma sorpresiva la transferencia logró la aprobación de un notario, y el documento oficial es ahora la mejor arma de defensa para las familias y al mismo tiempo el mayor dolor de cabeza para el Estado peruano.

La indefinición sobre la titularidad lleva décadas perjudicando a las familias. Uno de estos ejemplos es que los Zavaleta, agricultores a pequeña escala, tienen prohibida la circulación de maquinaria agrícola a través del terreno por tratarse de un área natural protegida.

"Somos propietarios sin parecerlo", se lamenta José, quien oficia como vocero de sus siete hermanos herederos, algunos ya fallecidos.

Los dos clanes acudieron por separado entre 2000 y 2006 a los juzgados para presentar sus respectivas denuncias contra el Estado peruano, y así exigir una expropiación en condiciones. Aunque tampoco faltó el pedido de una jugosa indemnización de 100 millones de dólares en el caso de los Abrill.

Las nuevas generaciones quieren zanjar, en palabras de los Zavaleta, la "barbaridad" legal que según ellas el Estado nunca tuvo la voluntad de solucionar, y que se ha traducido en un problema difícil de comprender. Y además aseguran que si ganan el juicio se reconocería la ayuda prestada por sus antecesores a todos los arqueólogos que un día se asomaron por Machu Picchu en busca del tesoro cultural inca.

Las familias son conscientes de que los casos se han politizado, y cuentan que ni siquiera las reuniones con instituciones públicas ni las cartas a los presidentes peruanos han logrado por ahora resolver sus demandas.

Pero como si esto fuera poco, sus reclamos están vistos por algunos vecinos como una "locura", la de retar al todopoderoso Estado, y también como un acto de avaricia que sólo persigue beneficios económicos.

Por el momento esta "orfandad" le está costando caro al complejo arquitectónico, que forma parte de un área natural protegida: sufre desamparo y desprotección, y también continuas invasiones de pobladores que deterioran el entorno.

Zavaleta alertó de que la ciudadela inca está amenazada por comunidades que se hallan fuera del control estatal, que invaden el área natural y hasta la incendian.

Por su parte, para Abrill la cuestión está clara: "El Estado no le da la importancia necesaria al saneamiento físico y legal de este bien cultural", que en 1983 fue declarado como Patrimonio de la Humanidad.

Ambas familias recordaron que otros países ya han resuelto casos idénticos al suyo. "En México existía este problema con las ruinas de Chíchen Itzá, pero el Estado finalmente ha reconocido las propiedades de algunas comunidades y ha saneado el tema", explicó José Zavaleta, que incluso acudió a los despachos de la mismísima Corte Interamericana de Derechos Humanos para solucionar esta situación.

Esta joya cultural peruana celebra el centenario de su "descubrimiento para Occidente", con la única certeza de haber pertenecido a la vasta estirpe inca. Y por eso aún tiene la duda de si son todos los peruanos, o tan sólo unos privilegiados, los dueños de sus reliquias.