El objetivo de la norma es mejorar la cooperación entre los Estados miembros y el intercambio de información para poder determinar correctamente la cantidad de impuestos que se les adeudan. Se trata de evitar que los defraudadores aprovechen las limitaciones territoriales de las autoridades fiscales para esconder los ingresos obtenidos.
De este modo, se acaba con el secreto bancario en las relaciones entre autoridades fiscales cuando un Estado miembro solicitante controla la situación fiscal de uno de sus contribuyentes residentes. El acuerdo ha sido posible después de que Luxemburgo y Austria retiraran su veto.
La directiva también introduce un intercambio automático de información, aunque de manera paulatina, para ocho categorías de ingresos y capital (rendimientos del trabajo, honorarios de director, dividendos, incrementos de capital, derechos de autor, productos de seguro de vida, pensiones y propiedad de bienes inmuebles y rendimientos inmobiliarios).
Los economistas consideran en general que el fraude fiscal representa cada año entre el 2 y el 2,5% del PBI de la UE, es decir, entre 200.000 y 250.000 millones de euros.