El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) de Costa Rica validó las firmas necesarias para lanzar una consulta popular sobre uniones de personas del mismo sexo, referéndum que podría celebrarse el 5 de diciembre, coincidiendo con las elecciones municipales.
El máximo tribunal validó las firmas pese a que el 1º de julio la Corte Constitucional había ordenado suspender los trámites para convocar la consulta mientras resuelve un recurso de amparo interpuesto por un abogado contrario a la iniciativa a la que también se oponen las organizaciones de gays porque consideran que su derecho no debe someterse a votación.
"Nosotros obviamente estamos en contra del referendo por creer que éste es un trato cruel e inhumano que atenta contra la Constitución y los tratados internacionales ratificados por Costa Rica en materia de derechos humanos", explicó Abelardo Ayara, líder del Movimiento Diversidad, que aglutina a lesbianas, gays, bisexuales y transexuales.
"Un tema de derechos humanos no puede ser llevado a consulta, el Estado debe garantizar los derechos humanos, no consultarlos", agregó.
La iniciativa del referéndum surgió de grupos cercanos a iglesias evangélicas y católica que se oponen a las uniones civiles de homosexuales y han manifestado que "donde se ha aprobado este tipo de leyes (...) cualquiera que opine que el acto homosexual es inadecuado puede ser perseguido".
Los grupos que luchan por los derechos de las parejas de igual sexo afirmaron que mientras la Argentina, Ciudad de México y California avanzaron hacia la legalización de matrimonios igualitarios, Costa Rica marcha en la dirección contraria.
"Aquí en Costa Rica esto pareciera ser el gran debate, en el sentido de que se cuestiona si tenemos o no tenemos derecho" a formalizar uniones, expresó.
El recurso de amparo que tramita la Sala Constitucional de la Corte Suprema, presentado por el abogado Esteban Quirós, alega que la consulta es discriminatoria porque "los derechos humanos de las minorías, como la homosexual, no pueden ser llevados a un referendo en el cual decidiría una mayoría heterosexual".
La Corte debe dictar próximamente su fallo, que es inapelable.