Confirman indagatoria de Gostanian

La Cámara Federal consideró que la causa contra el ex titular de la Casa de la Moneda por presunto soborno no prescribió, al rechazar un planteo de la defensa

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Armando Gostanian, ex titular de la Casa de Moneda durante el menemismo, tendrá que prestar declaración indagatoria en el marco de una causa en la que se lo investiga por el presunto cobro de millonarios sobornos en la compra de equipos para el organismo.

Así lo resolvió la Cámara Federal porteña, al rechazar un planteo presentado por la defensa del ex funcionario, contra el llamado a indagatoria dispuesto por el juez federal Ariel Lijo.

El tribunal, con la firma de los jueces Horacio Cattani y Martín Irurzun, consideró que la causa contra Gostanian no prescribió, con lo cual la investigación debe continuar.

En el marco de la causa, Gostanian está embargado en sus bienes por un monto de 25,4 millones de pesos y había sido llamado a prestar declaración indagatoria al igual que otros dos imputados, el ex vicepresidente de la Casa de Moneda Juan Carlos Kalfaian y
ex gerente Rubén Chorbadjian.

Sobre los planteos de nulidad de las defensas, los jueces entendieron que "hay un cuadro indiciario que permite fundar sospecha" de la existencia del delito, y así avalaron el avance de la causa.

En el expediente, consta que se habrían cobrado sobornos entre 1994 y 1999 en el marco de negociaciones para la compra de equipos numeradores a la empresa alemana Atlantic Zeiser

El organismo estatal habría pagado sobreprecios del orden del 40 al 50 por ciento de su valor real, según las fuentes, y esa diferencia habría quedado en manos de los funcionarios.

"Concretamente se imputa a Gostanian, quien se desempeñaba como presidente de la entidad estatal, haber recibido parte del dinero negociado irregularmente", expusieron los jueces en el fallo. Ahora, la Cámara concluyó que "la causa no se encuentra prescripta", y por lo cual debe proseguir la investigación sobre Gostanian.

Al ex funcionario se lo acusa por el artículo 261 del Código Penal, que reprime con "reclusión o prisión de dos a diez años e inhabilitación absoluta perpetua, al funcionario público que sustrajere caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo".