La prohibición de demoler edificios construidos antes de 1941 entró en vigencia hoy en la ciudad autónoma de Buenos Aires tras ser publicada en el Boletín Oficial. La norma fue aprobada en abril pasado y promulgada el 21 de mayo.
De esta manera se amplió la ley 2.548, que establecía esta prohibición pero solo para 2.700 edificios. Ahora, la nueva norma extiende los alcances a todas las construcciones que existen en la ciudad.
A partir de esta ley se permite demoler o modificar una propiedad construida antes del 31 de diciembre de 1941 pero antes habrá que demostrar que no tiene valor patrimonial, y de ser así será necesario obtener el permiso de obra o demolición, pero si la propiedad es considerada de valor patrimonial se impedirán los trabajos.
"Este es el paso más importante en la defensa del patrimonio porteño que estaba desapareciendo bajo los picos de las demoliciones, sin tener marco protector ninguno", informó la organización Proto Comuna de Caballito.
Más Noticias
Fiscalía confirma que mamá de una de las niñas también fue envenenada con talio en caso Zulma Guzmán
Las autoridades incorporaron al expediente la muerte de Alicia Graham Sardi, ocurrida en 2020, tras identificar coincidencias con los casos investigados en 2025 y otros episodios bajo una modalidad similar

Esta es la legumbre que aporta más calcio al cuerpo que la leche
Este mineral es esencial para la salud ósea entre otras funciones como la coagulación y la contracción de los músculos

Cómo desacelerar el envejecimiento de la mente con un simple plan alimenticio: qué comidas priorizar y cuáles evitar
La Universidad de Harvard reveló cuál es la dieta que favorece a la salud cerebral

Guía práctica del sorteo de las Copas Libertadores y Sudamericana 2026: clasificados, bombos, formato y todo lo que hay que saber
Los grupos de los máximos torneos continentales quedarán definidos este jueves en Paraguay. Los detalles
La Justicia considera improcedente el despido de un bombero forestal tras adjudicarse su plaza a otro funcionario a través de un proceso público
A causa de esta decisión la Xunta de Galicia tiene que elegir entre readmitir al trabajador en su puesto o indemnizarle con 49.467,96 euros
