La Justicia rechazó los pedidos de probation (suspensión del juicio a prueba) planteados por tres imputados en la causa "Rímolo", acusados por estafa y tráfico de medicamentos peligrosos para la salud, informaron fuentes judiciales.
Se trata de la médica Susana Seccardini, su colega Magdalena Martínez y el comerciante Ricardo Delgado, quienes aspiraban a que, como las penas que podrían enfrentar tras un juicio oral no serían mayores a los 3 años, se les permitiera evitarlo a cambio de tareas comunitarias.
El Tribunal Oral en lo Criminal 7, integrado por los jueces Gustavo Valle, Daniel Morín y Juan Giudice Bravo, rechazaron los planteos, ante la oposición del fiscal general Oscar Ciruzzi.
El representante del Ministerio Público alegó que las posibles penas de los imputados "no necesariamente serían de cumplimiento en suspenso", es decir que podrían ir a la cárcel.
Además, Ciruzzi subrayó que no podía descartarse la imputación de asociación ilícita, reprimida con un máximo de 10 años de prisión, lo que constituía un obstáculo más para conceder la probation.
Por otra parte, manifestó ante los jueces que "si se otorgase el beneficio, los imputados no vendrían a juicio y sus dichos no podrían incorporarse, lo que dificultaría el fin último del Ministerio Público: el mantenimiento de la acción", es decir, el descubrimiento de lo realmente sucedido en la causa Rímolo.
Una de las condiciones del otorgamiento de la probation es la aceptación por parte de la fiscalía de la propuesta de los imputados; por lo tanto, la oposición de Ciruzzi se convirtió en "una valla insuperable para el tribunal".
Por lo tanto, los jueces decidieron desestimar el pedido de suspensión de juicio a prueba de Seccardini, Delgado y Martínez.
Los tres acusados estuvieron relacionados con la clínica de nutrición regenteada por la falsa médica Giselle Rímolo, en el caso de ambas mujeres, como médicas, mientras que en el caso del hombre, como farmacéutico, aunque luego desmintió contar con ese título.
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