En un operativo realizado en el acceso General Pirán hace 20 días, donde el límite de velocidad es de 60 kilómetros por ser una zona urbana, 1.912 vehículos, de 2.100 controlados, excedieron la velocidad permitida.
Del total de automovilistas, 530 se sobrepasaron 20 kilómetros; 813, 40; 100 superaron los 130 kilómetros por hora y dos llegaron a los 159,4, pese a que hay dos carteles y un número impreso en la calzada con la velocidad máxima que debe respetarse.
Cabe destacar que el punto donde se realizó el control es uno de los denominados "negros" por la Policía de la Seguridad Vial, ya que el año pasado hubo allí 4 accidentes graves con 15 heridos.
Radares por seguridad
Hace dos semanas, el Senado bonaerense autorizó la instalación en las rutas provinciales de radares para controlar la velocidad de los vehículos, los cuales se ubicarán principalmente en las vías de acceso a la Costa y a las ciudades turísticas de la Provincia.
La ley provincial establece la colocación de 180 radares (140 fijos y 40 móviles) que serán distribuidos en las principales rutas del territorio, y los automovilistas deberán ser advertidos del control con carteles indicativos visiblemente ubicados en su zona de acción.
De hecho, a 300 metros del radar un cartel indicará la máxima permitida, lo mismo que a 150 metros. Finalmente, a poca distancia una leyenda dirá: "Fiscalización de Control de Velocidad".
En caso de incurrir en alguna infracción, la Policía tendrá la misión de informar a los conductores sobre la sanción que le corresponderá, pero deberá hacerlo a no más de diez kilómetros de donde la cometió.
Las velocidades máximas permitidas serán de 60 kilómetros por hora en zonas urbanizadas, de 80 a 100 en curvas, de 120 en rutas y de 130 en autopistas, al tiempo que la ley ordena a los motociclistas la utilización obligatoria del casco y de un chaleco reflectante en el que estará impreso, con una tipografía visible, el número de patente del rodado.
Las multas llegarán hasta $2.000 cuando la infracción cometida ponga en riesgo la seguridad pública y la vida de terceros, publicó el diario Clarín.
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