Así lo informaron altos funcionarios bolivianos en el marco de la investigación en el congreso del denominado caso de los "petrocontratos".
El presidente de la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Manuel Morales Olivera, dijo a la prensa antes de comparecer al Senado el miércoles, que "ha tenido que ser PDVSA" quien pagó la cuenta por el asesoramiento de la empresa estadounidense Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP.
En respuesta, el senador Oscar Ortiz, de la principal fuerza opositora Podemos, declaró a la prensa: "Yo no entiendo por qué PDVSA..., que dirige el señor (Hugo) Chávez es la que nos tiene que estar poniendo abogados".
"El Congreso, el año pasado, había autorizado transferencias millonarias a YPFB para que pueda implementar el decreto de nacionalización, porque una empresa, que en muchos lugares incluso llega a ser competencia de nosotros tiene que estar poniendo a estudios jurídicos internacionales para dirigir nuestras negociaciones", agregó.
El presidente Evo Morales había negado inicialmente haber recibido asesoramiento extranjero, al insistir en que "bolivianos patriotas" se habían encargado de todos los aspectos inherentes a los contratos y rechazar denuncias de la oposición de que permite la injerencia del presidente Chávez en asuntos internos.
El ex superintendente de Hidrocarburos, Santiago Berríos, declaró que Morales Olivera manejaba toda la operación, con asesoramiento extranjero.
Indicó que hizo notar al presidente Morales que su decreto no era de nacionalización, y que el vicepresidente Alvaro García admitió que no lo era, pero que había razones políticas para mantener el rótulo.
"Tiene usted razón, no hay nacionalización, pero es que no se olvide que ése ha sido el discurso electoral que hicimos al pueblo y, si ahora decimos que no hay nacionalización, ¿qué va a ocurrir con los movimientos sociales?", habría respondido García a Berríos.
La emergencia a la luz pública de supuestas irregularidades en los contratos, que la oposición considera "delitos" y el gobierno inste en que se trata de "errores", permitió conocer detalles de la llamada nacionalización.
La oposición denunció que los contratos presentan "falsificaciones" que incluirían la suplantación de anexos por otros, después de la firma pública el 28 de octubre con las petroleras. Entre esas estuvieron la brasileña Petrobras, la hispano-argentina Respsol YPF y la francesa Total.
Podemos ha manifestado sospechas de que la intención habría sido beneficiar a algunas petroleras, pero que al final terminó afectándolas, al confundir los anexos.
Morales Olivera, que no es familiar de Evo Morales, se defendió diciendo que es responsable de la firma de lo que considera los "contratos más duros del mundo" para las petroleras, y que por ellos el estado recibirá 23.000 millones de dólares adicionales, sin dar detalles del origen de esos ingresos.
Pero Ortiz reclamó su renuncia, después de que en nueve horas de comparecencia ante el Senado, el ministro de Hidrocarburos, Carlos Villegas, señalara que no conoció de la suplantación de anexos, porque Morales Olivera se había encargado de negociarlos sin consultarle, pese a que entonces era sólo asesor de YPFB.
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