Un escándalo de corrupción desata la crisis en Bolivia

Evo Morales atraviesa una grave crisis política apenas seis meses después de haber asumido la presidencia, ante las graves denuncias que recaen sobre Jorge Alvarado, mano derecha de líder cocalero y funcionario a cargo de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

Desde que Morales decidió nacionalizar los hidrocarburos, la empresa estatal encargada de administrar los recursos está cruzada por irregularidades y desmanejos e, incluso, las inversiones amagan con retirarse y las negociaciones con Brasil, principal comprador del gas boliviano, no prosperan.

YPFB, la estatal que conduce Alvarado, debía liderar la nacionalización de hidrocarburos, y fue acusada por la Superintendencia de Hidrocarburos y por el propio Ministerio de Hidrocarburos de violar el decreto dictado por Morales en mayo, al suscribir un contrato con una intermediaria para exportar crudo a Brasil.
 
El líder del partido opositor Podemos y ex presidente, Jorge Quiroga (2001-2002), dijo que quien está dañando a la nacionalización es el propio gobierno al cobijar en su seno, supuestamente, actos de corrupción en la empresa estatal, la principal responsable de la ejecución del proceso.

Entrevistado por Radio10, José Antonio Aruquipa, constituyente del partido Podemos, señaló que "hay una preocupación de la ciudadanía que viene alimentándose y creciendo de manera imparable hace más de un mes", por las denuncias que tomaron estado público.

"Estamos muy apesadumbrados por conocer cada día esta serie de denuncias contra el presidente y YPFB", afirmó Aruquipa, quien relató que "el 1° de Mayo, Evo Moales promulgó el decreto de nacionalización de hidrocarburos, para obtener mayores beneficios en la explotación de los recursos en nuestro país".

El constituyente indicó que "ocho de cada seis bolivianos viven en la extrema pobreza" y que la iniciativa de Morales, en lugar de generar un beneficio, no hizo más que provocar el "aislamiento internacional de Bolivia y un abrupto paro en las inversiones extranjeras en Bolivia".

"Lo más grave es que YPFB debía ser la empresa que tome a cargo la explotación y distribución de hidrocarburos y no lo hizo así, en gran parte por estas denuncias de corrupción", detalló.

En tanto, Aruquipa reveló que Alvarado suscribió un contrato para exportar 2 mil barriles de crudo a Brasil, a través de una empresa privada, hecho que violaba abiertamente la nueva legislación del país andino.

El dirigente de Podemos recordó que "este contrato se hizo a espaldas del pueblo boliviano y viola el decreto que indica que hay que realizar todas las exportaciones de manera directa".

El debate político subió de temperatura por denuncias de la oposición sobre al menos cuatro casos de corrupción en YPFB. En uno de ellos, los primeros informes legales señalan que hay indicios de irregularidades en la firma del convenio, que pudo haber generado pérdidas para el estado de 38,5 millones de dólares, según informa AP.
 
Pese a ello, y al creciente pedido de que Morales destituya a Alvarado, el mandatario lo mantiene en el cargo.

El cuestionamiento opositor derivó en la presentación de un recurso judicial contra la medida y en la votación de una moción de censura en el Senado contra el ministro de Hidrocarburos, Andrés Soliz, que quedó al borde de la renuncia y debió ser confirmado en su cargo por el propio Morales, anteayer.

Luego de que la Contraloría también detectara ayer "indicios" de responsabilidad en la conducta de Alvarado, que intentó poner en marcha un contrato de canje de crudo por diesel que tenía irregularidades, el mandatario boliviano dijo que se tomará el fin de semana para analizar la situación.

Incluso, fuentes oficiales deslizaron que el funcionario imputado será removido durante el fin de semana, en lo que constituiría un fuerte revés para la política energética de Evo Morales y un golpe a la credibilidad del gobierno, que había centró en el combate a la corrupción sus argumentos electorales.
 
Interviene la Justicia

La evidente crisis política ya rebalsó el ámbito del Ejecutivo y pasó al judicial. El diario boliviano La Prensa informa que la auditoría de la Contraloría General de la República coincide con el informe del Ministerio de Hidrocarburos en sentido de que Alvarado violó el Decreto Supremo de nacionalización de los hidrocarburos, al firmar un contrato de exportación de petróleo con Iberoamérica Trading SRL, pero además indica que esta autoridad no rescindió el acuerdo con esa empresa.

Morales anunció que este fin de semana tomará decisiones sobre el futuro de la estatal petrolera con base en los resultados del informe que recibió. ?Desde la próxima semana tomaré en cuenta seriamente las recomendaciones, o las conclusiones de la Contraloría", aunque aseguró que "no se demuestra que hay daños económicos en el país?, sostuvo el líder cocalero.

De confirmarse la responsabilidad administrativa, el titular de YPFB podría ser sancionado con un descuento de hasta 20 por ciento de su haber mensual, la destitución temporal o el alejamiento definitivo del cargo.