El ex jefe de gobierno porteño Aníbal Ibarra fue sobreseído en la investigación por la tragedia de la discoteca República Cromañón, según resolvió la jueza María Angélica Crotto.
En una resolución de 156 carillas, la magistrada sostuvo que Ibarra "debe ser sobreseído en tanto los hechos imputados no constituyen delito".
El fiscal Juan Manuel Sansone y varias de las querellas de Cromañón habían pedido la indagatoria y el procesamiento de Ibarra, a quien le imputaban los delitos de "homicidio culposo e incumplimiento de los deberes de funcionario público".
La jueza explicó que la decisión apunta a "poner fin a la incertidumnbre jurídica de quien resulta imputado en las actuaciones, aún cuando no se dispusiera la declaración indagatoria del nombrado, por no darse en la especie el grado de sospecha para ello".
Crotto argumentó que Ibarra, como jefe de gobierno, había "descentralizado" el "ejercicio del poder de policía" y en consecuencia, el ex jefe de gobierno "no debía encargarse en forma personal del control sobre la actividad de los locales bailables".
"Consecuentemente, no podrá reprochársele injusto penal alguno", añadió. "La desconcentración administrativa, tal como estaba estructurada, no sólo implicaba que los órganos desconcentrados se avocaban al mero aspecto operativo de su gestión sino que contaban con verdaderas facultades decisorias en la materia específica de su ámbito... como así también en todo lo relavito a las habilitacioens, seguridad y control del funcionamiento de los locales bailables", sostiene la resolución.
Así, las responsabilidades por lo ocurrido en Cromañón recaen, según la resolución, en la ex titular de la Subsecretaría de Control Comunal, Fabiana Fiszbin; en el director teneral de Fiscalización, Gustavo Torres, y en su adjunta, Ana Fernández.
"Ibarra no era el funcionario competente para aplicar las normas en materia de seguridad de los locales de baile Clase C puesto que, como se dijo, había desconcentrado el ejercicio del poder de policía en favor de los funcionarios de menor jerarquía, quienes sí teníanla obligación de aplicar dichas normas", justificó Crotto.
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