El proyecto del nuevo sistema de justicia militar, recibido ayer por la ministra de Defensa, Nilda Garré, tiene al Código Penal como su norma central y deroga el actual Código castrense, vigente desde 1951.
La comisión que elaboró el proyecto -en rigor, un anteproyecto-, designada por Garré, elevó el texto a la ministra esta semana y culminó así la tarea iniciada el pasado 6 de marzo, cuando comenzó a funcionar, informó hoy la cartera de Defensa.
Los ejes de la reforma propuesta por la comisión -creada por la Resolución 154/06 del Ministerio de Defensa- incluyen la erradicación de la pena de muerte y el tratamiento de los delitos esencialmente militares en la órbita de la justicia común.
También implican "mayor claridad" en la definición de los delitos militares, el cambio integral del sistema disciplinario y la reafirmación de la transparencia y la institucionalidad republicana.
"En los trabajos de la comisión redactora se observó que las tipificaciones del vigente Código de Justicia Militar corresponden a conceptos arcaicos, incluso desde el punto de vista de la guerra contemporánea, muchas veces inaplicables, desde que se remontan a textos españoles del siglo XIX que, a su vez, se inspiraban en otros del siglo XVIII", informaron desde el Ministerio de Defensa.
El mismo texto añadió que "las normas propuestas aseguran a las personas con estado militar que serán juzgadas con las mismas garantías que la Constitución Nacional garantiza a todos los ciudadanos".
Garré entregó ayer copias del anteproyecto a cuatro representantes de los estados mayores Conjunto y del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.
Al mediodía, recibió con esa finalidad a los jefes del Estado Mayor Conjunto, brigadier Jorge Chevalier y de la Armada, almirante Jorge Godoy.
También se reunió con el subjefe de la Fuerza Aérea, brigadier Eduardo Bianco y el jefe V del Estado Mayor del Ejército, general Eduardo Anschutz, quienes acudieron en representación de los titulares de esas dos fuerzas, brigadier Eduardo Schiaffino y general Roberto Bendidni, ambos de viaje. A todos ellos, la ministra solicitó que eleven en breve plazo sus observaciones sobre el texto.
El Ministerio de Defensa dispuso consultar además a departamentos de derecho penal, derecho público y ciencias políticas de universidades nacionales, así como a organizaciones de la sociedad civil y asociaciones de abogados.
En cuanto concluyan estas rondas de consulta y análisis, Defensa elevará el texto eventualmente revisado al Poder Ejecutivo, que resolverá en definitiva, puntualizó la cartera.
El proyecto propicia derogar el Código de Justicia Militar y remitir el juzgamiento de los delitos comunes al Código Penal -al que propone incorporar disposiciones relativas a la condición y a delitos específicamente castrenses- y a la acción de la Justicia del fuero respectivo.
Propone al mismo tiempo una segunda ley referida al Procedimiento Penal Militar en Tiempos de Guerra y una tercera, para establecer un Código de Disciplina de las Fuerzas Armadas, relativo a las faltas de carácter administrativo.
En todos los casos se indica que los fallos y sanciones producidos en el marco de estos procedimientos serán apelables ante la Justicia penal.
Cuando el proyecto de reforma sea elevado por al Ejecutivo al Congreso Nacional se cumplirá el compromiso asumido por el Estado Argentino ante la CIDH, en el marco de los casos citados.
Para integrar la comisión redactora del proyecto de reforma fueron convocados representantes del campo académico, judicial, organizaciones no gubernamentales, las Fuerzas Armadas, el Congreso Nacional y dos secretarías gubernamentales.
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